El PP hace valer su mayoría y no retira el proyecto de Ley de Montes

La mayoría popular en las Cortes de Castilla y León se negó ayer a retirar el actual anteproyecto de ley de Montes de Castilla y León y presentar uno nuevo, como solicitaba el grupo parlamentario socialista en una moción que fue defendida por la procuradora leonesa Inmaculada Larrauri. En concreto, los socialistas exigían que la futura Ley dedicara una especial atención a la «multifuncionalidad» de los montes, algo que en opinión de Larrauri no se aprecia en el actual texto, más centrado en la obtención de beneficios directos de los bosques, como es la madera, que en «una gestión más eficaz, rentable y equilibrada». Por otro lado, la procuradora socialista reclamó que la elaboración de los planes de ordenación de los recursos de todos los montes de Castilla y León fuera obligatoria, así como a crear un auténtico fondo para la naturaleza de Castilla y León, puesto que el que aparece recogido en el anteproyecto de ley es «tan ambiguo que no establece la aportación de la Junta». Durante su intervención, Larrauri aseguró que los montes de Castilla y León no están cumpliendo el importante papel que deberían en lo que a desarrollo rural se refiere, algo que se pone de manifiesto en el hecho de que son precisamente las zonas más rurales de la comunidad las que más se están despoblando. En concreto, reseñó que mientras el descenso de población en el conjunto de la provincia leonesa fue de un 4,12% entre los años 1996 y 2005, en municipios como Luyego o Palacios de Sil alcanzó el 17 y el 14% respectivamente. Por su parte, la procuradora popular Pilar San Segundo no compartió la tesis del PSOE respecto a que la futura ley no vaya a cumplir las expectativas y necesidades del sector y aseguró que muchas de las peticiones que han realizado los socialistas se encuentran ya recogidas en la actual redacción del texto. Juntas vecinales Por otro lado, un informe de la Junta sobre las numerosas alegaciones que ha recibido este anteproyecto aclara que el texto defiende por igual la propiedad pública de los montes, ya sean juntas vecinales o ayuntamientos, a los que dota de «idénticos» y «poderosos instrumentos» como son la potestad de deslinde o los derechos sobre tanteo y retracto, entre otros.