El Gobierno aprueba el Plan del Carbón que estabiliza el sector a medio plazo

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan del Carbón y Reestructuración de las Comarcas Mineras 2006-2012, que fue firmado el pasado martes por el ministro de Industria, José Montilla, los representantes de UGT y CC.OO. y la patronal del sector, Carbunión. La aprobación por parte del Gobierno permite iniciar la tramitación de los decretos y normativas que deberán regir los mecanismos contemplados en este documento, después de quince meses de negociaciones y tres meses después de que finalizase el plazo de actuación del anterior plan. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer después de la reunión de los ministros que este acuerdo «cumple con la normativa comunitaria y garantiza la estabilidad futura del sector a medio plazo». El Ejecutivo destacó ayer que el plan para los próximos siete años pone el acento en el programa de reactivación de las comarcas mineras para impulsar actividades distintas a la minería del carbón; y recordó que contempla la inversión en total de 8.255 millones de euros en las cuencas mineras. De esa cifra total un 60% se destinará a ayudas directas y un 35% a la reactivación de las comarcas afectadas por la reconversión. El presupuesto destinado a infraestructuras, formación y apoyo a las iniciativas empresariales generadoras de empleo supone un volumen de dinero de 2.880 millones de euros. Fernández de la Vega hizo hincapié en que el nuevo plan introcude nuevas modalidades de ayuda, como el capital riesgo, una línea específica de I+D+i, microcréditos para iniciativas empresariales individuales y más fondos para proyectos empresariales en general. Agilidad empresarial Por su parte los sindicatos mineros en León confiaban ayer en que la aprobación definitiva del plan permita agilizar al máximo los plazos necesarios para habilitar la normativa de desarrollo del programa. «Es difícil calcular un plazo concreto de puesta en práctica de las medidas del plan, porque dependerá en buena medida de la agilidad burocrática. Los decretos y las órdenes ministeriales deberán superar diversos trámites y la inspección de varios organismos, pero confiamos en que no se retrase más de lo estrictamente necesario». Por ejemplo, en el tema de las prejubilaciones, que deberían haber comenzado a ejecutarse a primeros de año para aquellos trabajadores que fueran alcanzando los 52 años de edad equivalente, los sindicatos confían en que la tramitación permita que a primeros de julio los afectados estén ya fuera de los puestos laborales. La vicepresidenta del Gobierno hizo hincapié ayer en que la reducción de las plantillas en este plan no será traumática, al realizarse con prejubilaciones y bajas voluntarias.