Agelco apunta que De Francisco apoyó la adjudicación de parcelas de La Lastra

La intervención de José María Rodríguez de Francisco en el último pleno municipal -en la que ponía en tela de juicio la venta de las parcelas de La Lastra- han motivado la salida de la Agrupación Leonesa de Empresarios de la Construcción (Agelco), que mediante su presidente, Ignacio Tejera Montaño, hizo pública una carta dirigida a la atención del edil no adscrito en la que le recuerda que «la adjudicación de los terrenos fue por unanimidad» y le interroga sobre su «cambio de actitud», a la vez que aprovecha para aportar argumentos con los que proclamar «la total transparencia y absoluta limpieza» del proceso. En el mismo foro, Rodríguez de Francisco no eludió la realidad, reflejada en las actas de los plenos, de su voto favorable a la adjudicación de las parcelas a Agelco, aunque aclaró que «no conocía el trasunto que se puso de manifiesto luego», dado que «en ese momento no tenía ni idea de las valoraciones, ni de los informes técnicos» debido a que se le había «privado de todos los derechos», al tiempo que puntualizó que en el Pleno del 27 de julio se «ausentó» y no estuvo «en el debate». Respecto a sus palabras en la sesión del 30 de septiembre -donde habla de estar «con absoluta vehemencia a favor» y de que «se trata de adjudicarlo con toda la claridad del mundo»-, el edil argumentó que su intención era «justificar la unión de los empresarios, no la operación». «El problema no es de Agelco, es de quien posibilita la operación», explicó el concejal no adscrito, quien apuntó que «el autor responsable ya se encargará de decirlo la justicia», al tiempo que felicitó «a los empresarios por el fenomenal negocio realizado» y recordó que cuando impulsó «la unión empresarial para optar a la obra pública de la Junta» no pensó, ni potenció que «se dedicaría sólo a llevar a cabo el pelotazo de La Lastra». Para desmontar «la teoría moderna que proclama el PSOE de que se dio por concurso en vez de subasta para que los pisos fueran más baratos», De Francisco reseñó que «quien compró a 54.000 euros por vivienda ya lo ha vendido a precio de mercado, a 108.000 euros», y que «alguno ha vendido su paquete a empresas de fuera»; no sin antes asegurar que «el Ayuntamiento perdió 54 millones de euros en un primer impacto».