Comienza hoy en la Audiencia el juicio contra un administrador de Santa Isabel

La sala primera de la Audiencia Provincial iniciará esta mañana (10.00 horas) la vista oral correspondiente al juicio que se sigue contra un antiguo administrador jefe del Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel, al que se acusa de distraer cantidades pertenecientes a los internos que se alojaban en la instalación, por importe de 165.000 euros, de acuerdo a la versión que ofrece el fiscal. La defensa esgrime la teoría de que, para tener acceso a los fondos, eran necesarias las firmas del director del centro y de los propios enfermos, además de la del imputado, y solicita la libre absolución para su patrocinado. Los hechos que se juzgan en la mañana de hoy datan de 1998. Desde diez años antes, el procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de jefe de administración del establecimiento, dependiente a partir de 1993 de la Junta de Castilla y León. En tal concepto «administraba de hecho fondos privados de las personas internas en dicho centro, la mayoría deficientes psíquicos y personas de edad avanzada, que debido a sus minusvalías, y especialmente cuando carecían de tutor, le confiaban, dado el cargo que ostentaba en el centro, la gestión de su dinero, procedente de las pensiones que percibían o de las aportaciones que hacían en efectivo, directamente o por giro postal, los responsable o los familiares de los internos» consta en el escrito de acusación que presenta el fiscal. Respecto a los gastos que realizaban en el centro, se encargaba de suministrarles cantidades diarias o semanales, variables en función de las circunstancias. En cuanto a los ingresos, como quiera que custodiaba las cartillas de ahorro de los internos que no tenían tutor, que habían sido abiertas en una entidad financiera de la capital, a través de su sucursal en una conocida barriada, realizaba personalmente las extracciones que consideraba oportunas para cubrir los gastos, bien por estar autorizado para disponer de ello o bien requiriendo la firma de los internos en el caso de las cartillas que administraba. Cinco años de presunto delito Estima el fiscal que, entre el 1 de enero de 1993 hasta el 15 de septiembre de 1998, el presunto autor de los hechos, aprovechando las facilidades del sistema descrito, «vino distrayendo de los fondos privados de los internos a los que administraba» un montante que se eleva por encima de los 165.000 euros, a través de operaciones que tenían un importe mínimo de 300 euros y que nunca alcanzaron los 4.000 en el cómputo total. En unos casos, se hizo desaparecer presuntamente las hojas de control. En otros, no se habría consignado las cantidades correspondientes. La lista de 91 personas víctimas de esta hipotética conducta delictiva lleva al Ministerio Fiscal a considerar que se podría tratar de un supuesto caso de delito continuado de apropiación indebida agravada, del que se considera autor al acusado, para el que se solicita una condena de seis año de prisión, con multa de doce meses a razón de seis euros diarios y abono de la prisión preventiva sufrida por el acusado a raíz de esta causa, entre el 29 de enero de 1999 y el 15 de julio del mismo año. Indemnizaciones añadidas Entiende el fiscal que el acusado ha de indemnizar, con responsabilidad civil subsidiaria de la Junta a los internos relacionados en la lista de 91 afectados, con la consideración de que doce de ellos han fallecido ya, a resultas de lo cual, la indemnización corresponderá a quienes en trámite de ejecución de sentencia, acrediten ser sus legítimos herederos. La fiscalía había interesado también que, antes de la apertura del juicio oral de hoy, se oficiase al director de la sucursal bancaria para que facilite la identidad del cajero e interventor que ejercían sus funciones en las fechas mencionadas, entre enero de 1993 y septiembre de 1998. También se exigió a la Junta el expediente disciplinario del acusado.