La Junta afirma que no se entiende el cierre del Feixolín sin la restauración

«Nadie entendería el cierre del cielo abierto del Feixolín sin que se lleven a cabo las necesarias adecuaciones en materia de seguridad y restauración del entorno», por lo que será la Junta de Castilla y León, que ostenta las competencias en esta materia, la que deba indicar al Ayuntamiento de Villablino qué tipo de actividad se debe mantener en la corta. Así se manifestó ayer el delegado en León del gobierno autonómico, Eduardo Fernández, que aseguró también que la Junta no ha recibido de momento la notificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de León, en la que insta a esta administración a vigilar el plan de abandono de actividad en el cielo abierto. Sin embargo, Fernández sí ratificó que la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la empresa que explota la corta, presentó el pasado jueves el proyecto de cierre de la explotación. Durante la próxima semana los técnicos del Servicio Territorial de Industria y de la Dirección General de Minas analizarán este proyecto, con el objetivo de comprobar que la intención de las actividades que se contemplen en la zona en el futuro van destinadas a realizar las tareas que garanticen la seguridad de las poblaciones y explotaciones del entorno, así como a restaurar medioambientalmente el entorno. Queda excluida la posibilidad de que se mantengan las extracciones de mineral con fines económicos para la empresa. La rotunda defensa de la necesidad de llevar a cabo una adecuada recuperación de la zona donde se ubica El Feixolín se contradice con el decreto del Ayuntamiento de Villablino, que cumple la orden judicial por la que debe proceder a la suspensión de actividad y clausura de la explotación a cielo abierto, según estableció el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El alcalde lacianiego, Guillermo Murias, firmó el viernes el decreto que daba dos días a la empresa para detener la actividad. Respuesta de la empresa Al igual que ocurrió el pasado mes de febrero, cuando se firmó el primer decreto de cierre, la MSP respondió ayer congelando las nóminas de los 700 trabajadores del grupo, que debían haber cobrado el mismo viernes, alegando que la actividad económica de la empresa no puede mantenerse sin la actividad de esta explotación a cielo abierto. También repitiendo el esquema de febrero, la compañía minera ha puesto sobre la mesa un expediente de regulación de empleo.