Un proyecto entre la restauración y el subterfugio de la actividad

El último auto dictado por el juez contemplaba dos posibilidades: que la empresa presentara en el plazo de un mes el proyecto de cierre o suspensión de actividades en El Feixolín; o, en caso de no presentarse este proyecto que fuera la Junta la que dictara a través de una resolución administrativa las condiciones en las que habría de producirse ese cierre. En la práctica, y una vez que la Junta reciba la notificación de la sentencia, será esta la primera vez en la que de hecho el gobierno autonómico tendría una implicación directa en el proceso judicial que se sigue en el cierre del Feixolín, según el delegado en León. Una vez que la empresa ha presentado el proyecto en el plazo previsto, la Dirección General de Minas tendrá como misión ahora revisar la propuesta y comprobar que se adapta a los requisitos exigidos, es decir, que se lleven a cabo los trabajos para garantizar la seguridad de las personas, la integridad de la superficie afectada, la conservación de los recursos minerales y las instalaciones así como la protección del medio ambiente. Y todo ello, según Eduardo Fernández, vigilando que la propuesta «no entrañe ningún subterfugio que permita seguir rentabilizando la actividad extractiva».