Pequeños ahorradores

Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia son las comunidades autónomas donde más inversores han visto esfumarse sus ahorros por la presunta estafa de las sociedades filatélicas. Entre los afectados, cuyo número podría superar los 350.000, reina el desconcierto. La mayoría culpa de su ruina a las empresas; otros, acostumbrados a cobrar religiosamente los intereses pactados, afirman que nada habría pasado si la Justicia no hubiese actuado. El perfil de estos emprendedores difiere al cien por ciento de la idea que la mayoría tiene de lo que es un inversor. Son personas sin despacho ni chófer, que no gastan en ropa cara ni se alojan en los mejores hoteles. Pequeños ahorradores entre los que hay jóvenes recién incorporados al mercado laboral, amas de casa, trabajadores o jubilados que sólo buscaban con sus depósitos -en general, unos pocos miles de euros- una rentabilidad más jugosa que la que les ofrecían sus bancos de toda la vida. Esos inversionistas menores componen el grueso de clientes de las dos compañías intervenidas, que los atraían con promesas de intereses hasta cinco veces superiores a los de un banco. El Fórum Filatélico y Afinsa ni siquiera tuvieron que captarles con agresivas campañas publicitarias; el boca a boca, la experiencia positiva de otros clientes y el pago puntual de los beneficios eran su mejor propaganda. Así, sus arcas se tragaron los ahorros, herencias, indemnizaciones e ilusiones de mucha gente común, que soñaba, por ejemplo, con comprarse un piso. Ahora, no saben si podrán recuperarlas. Ese perfil menor de los inversores es, precisamente, lo que propició la extensión rápida por toda España de este sistema piramidal de inversiones. Madrid y Andalucía son, con más de 80.000 afectados en cada una, las regiones donde el fraude ha hecho más estragos. Cataluña (60.000 perjudicados según la Agencia Catalana de Consumidores); Castilla-La Mancha (más de 40.000, estiman las empresas), Galicia (unos 35.000), Castilla y León (25.000, según Ausbanc) y País Vasco (20.000, según las asociaciones de consumo) son otras comunidades muy afectadas. Le seguirían Extremadura (13.000 afectados); Aragón y Asturias (6.000); Navarra (4.000); Cantabria (3.500); La Rioja (1.000); ...