Los municipios de la autopista de Astorga rechazan cobrar «sólo» el 60% del IBI

Una vez que los diez municipios por los que transcurre la autopista León-Astorga han decidido rechazar la propuesta de la concesionaria Aulesa para cobrar el 60% de los 460.000 euros que adeuda en conjunto a estos ayuntamientos por el IBI del año 2005, los afectados volvieron ayer a la Diputación para concretar las acciones legales necesarias para conseguir que la empresa pague la totalidad de su deuda. Tras el encuentro, el vicepresidente primero de la institución provincial, Juan Martínez Majo, explicó que se mantiene abierta la vía ejecutiva para lograr la recaudación completa de la cantidad que adeuda la concesionaria, a la que ya se suman los intereses de demora (aproximadamente un 10% más). Además, los ayuntamientos perjudicados deberán aprobar un documento que permitirá a la Diputación prestar al colectivo asesoramiento jurídico y personarse en su nombre en el procedimiento abierto por el Catastro para la revisión catastral, solicitada por la empresa al no estar de acuerdo con el IBI que ha de abonar a los municipios de la autopista León-Astorga. «Estamos legitimados para ver ese expediente» subrayó Majo. Por su parte, el portavoz de los afectados y alcalde de Bustillo del Páramo, Faustino Sutil, comentó después de la reunión que el colectivo «no dará ni un paso atrás ni bajará un céntimo sus peticiones». Recalcó que ya han confirmado a Aulesa que no aceptarán el pago del anticipo del 60% de la deuda y resaltó que la Diputación encabeza las acciones para defender los intereses de los municipios afectados. No habrá revisión «El Catastro no entrará en la modificación de las valoraciones tal y como pretende la empresa y mantiene sus criterios de acuerdo a la ponencia actual», manifestó Sutil. Afirmó, igualmente, que hasta el año 2008 no habrá una nueva ponencia que regule los valores catastrales, que fijan las tarifas del IBI. Los diez ayuntamientos perjudicados por la decisión de Aulesa de no pagar el IBI del 2005 a la Diputación, encargada de la recaudación en el área rural, llevarán también su problema ante la Federación Regional de Municipios y Provincias, a la que el colectivo ha remitido una carta exponiendo la situación. La próxima semana una delegación viajará a Vallladolid para entrevistarse con el presidente de la FRMP en busca de apoyo jurídico y respaldo en cuantas acciones decidan. «Se trata de abrir otra vía para ejercer presión sobre la empresa, cuantos más apoyos mejor», dijo Sutil. La concesionaria mantiene abierto un contencioso administrativo, tras denegar la Diputación su solicitud de anulación del procedimiento de cobro.