El caso del incendio de Castrillo rebota de un juzgado a otro desde febrero

La alarma social que produjo el incendio de medio millón de neumáticos en un depósito ilegal de Castrillo el pasado diciembre no ha servido para que la vía judicial se agilice. El caso rebota desde el pasado mes de febrero del juzgado de Instrucción número 3 al 4. El primero dejó plantados el 23 de febrero al alcalde de Villaturiel, Valentín Martínez, al presidente de la junta vecinal de Castrillo, a dos representantes de la Junta y al portavoz de la empresa RSI, dueña de los terrenos del vertedero. Todos ellos estaban citados ese día en el tribunal para declarar al hilo de las diligencias previas. Sin embargo, tras esperar una hora, se encontraron con la sorpresa de que la jueza acababa de inhibirse en favor del juzgado de Instrucción número 4, porque éste había investigado otra denuncia del 2002 contra los dueños del depósito de neumáticos por acumulación de residuos supuestamente contaminantes y perjudiciales para la salud de los vecinos. La respuesta del número 4 ha llegado dos meses y medio después. Este tribunal considera que no es competente en el incendio y devuelve la causa a Instrucción 3. La disputa puede zanjarse así, si el juzgado acepta investigar el caso o dilatarse nuevamente porque no lo asuma. El conflicto debería entonces resolverlo la Audiencia provincial de León. De momento, los únicos que están haciendo los deberes son los agentes de la Guardia Civil, que elaboraron un amplio informe sobre los niveles de contaminación de la zona, la Confederación Hidrográfica del Duero, que emite análisis del agua cada mes, y el fiscal del caso, que va acumulando las pruebas periciales para determinar si existió un delito contra el medio ambiente, penado con hasta cuatro años de cárcel si la contaminación por la acumulación de las ruedas en el depósito o por el incendio afectó al entorno natural de Castrillo o a la salud de los vecinos.