La Junta reúne a los pedáneos para aclarar la Ley de Montes y neutralizar protestas

Cuatro meses después de que finalizara el periodo de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Montes, la Junta ha convocado a los más de 700 pedáneos de los 956 montes de utilidad pública de las juntas vecinales para aclarar la normativa, tras un periodo de intensas críticas por parte de los afectados y los partidos de la oposición. El malestar de las pedanías surgió al conocer que la futura ley recorta sus decisiones y la capacidad de gestión sobre los montes. Ante la protesta convocada para finales de este mes por los socialistas en el Pleno de la Diputación, donde han sido convocados más de 400 pedáneos de este partido para protestar por la normativa, el delegado de la Junta se ha visto obligado a neutralizar la movilización y acallar las críticas. La primera reunión con los presidentes de las juntas vecinales citó ayer en la sede de la institución autónoma en la capital a los pedáneos del área de León (hoy será en Ponferrada para los de la zona Bierzo). Alrededor de 200 representantes de entidades locales menores afectadas conocieron los pormenores de la ley. El delegado de la Junta, Eduardo Fernández, resaltó que «no cambian nada las fórmulas de gestión ya previstas en la actual normativa» y aclaró, igualmente, que «las juntas vecinales no perderán competencias». Además, criticó el hecho de que el PSOE acepte en las comunidades que gobierna el modelo de gestión que «aquí tanto critica» También insistió en que la filosofìa de esta ley «fija el apoyo y no la tutela de la Junta a las pedanías; implica colaboración y no intervencionismo». Aunque Fernández negó que estas reuniones estuvieran relacionadas con la protesta convocada por los socialistas en la institución provincial, finalmente reconoció que «a la gente no se le puede llevar engañada, ni decirle que a las pedanías se les van a quitar sus competencias». La Junta repartió entre los representantes de las entidades un documento de diez puntos en los que precisaba que «el anteproyecto defiende la propiedad pública e incrementa el protagonismo de los propietarios». Sin embargo, la mayoría de los puntos se centraron en criticar la postura del PSOE y alertar a los pedáneos que los socialistas «pretenden únicamente crear un conflicto inexistente y producir un desgaste político del gobierno regional». Asimismo, advierten en este documento a las entidades locales menores que «sin el apoyo técnico de la Junta» la gestión de los montes de utilidad pública terminaría en manos de los ayuntamientos, «al carecer las pedanías de cualquier medio técnico». En este sentido, la institución insistió en el documento en que el PSOE ha comenzado a promover en los ayuntamientos mociones para que tomen ellos estas decisiones, «hurtando a las juntas legítimos derechos».