El PP dice que un juez condena al consistorio a pagar 20.000 euros a una trabajadora

La Junta Local del PP ha denunciado la política de personal que lleva a cabo el equipo de gobierno socialista. Así, informó ayer de « la nueva sentencia millonaria a la que ha sido condenado» el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, ante un hecho calificado de «deleznable». El presidente del PP, Francisco Javier Gómez explica que por el despido de un trabajador el Juzgado de lo Social número 3 de la capital ha condenado al Ayuntamiento a readmitir al trabajador y a pagar 14.950 euros en concepto de indemnización y 4.937 en conceptos de salarios atrasados, «por tratarse de un despido improcedente». El PP también denuncia que otra trabajadora, «que se encontraba de baja laboral al se intervenida quirúrgicamente ha sido objeto de un expolio económico en su nómina, ya que el alcalde decidió dejarla la productividad a cero céntimos cuando el convenio de estos trabajadores estipula que mientras el trabajador se encuentra en periodo de incapacidad transitoria se respetará íntegramente el salario de estos». Gómez asegura que tras la protesta de la afectada tan sólo encontró esta contestación por parte de la concejala del área: «si no esta de acuerdo que vaya al Juzgado». Dimisión Ante esta situación el PP pide responsabilidades políticas y asegura que «la concejala de Personal, si tiene un mínimo de ética debería dejar su cargo, ya que esta ha sido una de las etapas de mayor actividad judicial, en la que en un 90% de los casos ha salido condenado el Ayuntamiento». El líder popular recuerda que el consistorio ha tenido que abonar el año pasado sentencias por valor de más de cien mil euros «solamente en materia de personal». Según el responsable del PP en San Andrés «a los trabajadores no les queda más remedio que acudir a los tribunales de justicia frente a la impotencia que sufren al ver conculcados sus derechos por un gobierno socialista, que en vez de velar por el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos que tienen concedidos por ley los trabajadores, lo que hacen es conculcarlos sin pudor alguno». Asevera también que el abogado «se lo costean ellos, mientras que el letrado que defiende los desaguisados municipales lo pagan los ciudadanos».