Convoca a las partes para una comparencencia hoy, cuando estaba previsto el inicio de las obras
El juzgado paraliza cautelarmente el aparcamiento de la Inmaculada
Considera que no se cumple el proceso administrativo legal y que carece de licencia ambiental E
La sala número 2 de lo contencioso administrativo de los Juzgados de León ordenó ayer la paralización de las obras de traslados y de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Inmaculada, tras apreciar «la especial urgencia» solicitada por la asociación de comerciantes, vecinos y profesionales contraria al proyecto, que mantiene que el Ayuntamiento ha incurrido en «una vía de hecho» al iniciar el cambio de las instalaciones y los quioscos «sin adoptarse las resoluciones administrativas que exige la ley», al tiempo que recuerda la inexistencia de la licencia ambiental preceptiva. En la parte dispositiva, el titular del juzgado convoca para hoy a las partes con el fin de que aporten los documentos que consideren y explicita que contra su auto no cabe recurso alguno. La medida acaba con la previsión del consistorio y la empresa concesionaria -Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A. (Proinsa), perteneciente al grupo Martínez Núñez-, que pretendían que el arranque de las obras se produjera a las 08.00 horas de hoy, y abre el interrogante sobre las actuaciones que tendrá que llevar a cabo el Ayuntamiento para salvar la traba aparecida, lo que podría retrasar la infraestructura durante un tiempo que la asociación estima no inferior a un mes. «Si se ratifica el auto, tendrán que iniciar el proceso administrativo que preste la necesaria cobertura jurídica, algo que los responsables de la administración no se pueden sacar de la manga de un día para otro», explica el abogado de la plataforma contraria al proyecto, Carlos González-Anton, quien incide en que además «tendrán que tramitar la licencia ambiental, cuyo plazo de exposición pública es de 20 días». El recurso presentado dirige principalmente a denunciar el modo en el que el Ayuntamiento se dirigió a los titulares de los quioscos e instalaciones del arco de la plaza -que mantienen sus negocios en régimen de concesión-, sin notificación escrita ni plazo de alegación. «Cada vez es mayor la absurdez de la obra», analiza el presidente de la asociación, Ramiro Gutiérrez, quien mantiene que seguirán «hasta que se cancele» y anuncia que la próxima semana presentarán «miles de firmas de la mayoría de vecinos que respaldan la petición».