La Junta Vecinal de Viloria acusa de malversación al anterior pedáneo

La actual Junta Vecinal de Viloria de la Jurisdicción emitió ayer una nota de prensa en la que afirma que el anterior alcalde pedáneo, Francisco Montiel, será juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial, acusado de un presunto delito de malversación de fondos, por el que el procedimiento abreviado abierto inicialmente se ha convertido en el procedimiento de jurado 1/06. Los hechos que denuncia el colectivo en su nota de prensa datan del año 2002. Se manifiesta que entonces, una moción de censura apartó de su cargo al pedáneo, por entender que la cesión de una parcela, propiedad de la junta, a una empresa mercantil, para la instalación en el pueblo de un depósito de gasóleo y cambios de aceites para camiones, no era procedente. Paralización vecinal Iniciadas las obras, de acuerdo a la comunicación remitida a los medios, la paralización se llevó a cabo a instancias de los vecinos, parte de los cuales eran los que forman ahora la junta vecinal. Consideraban estos últimos que no se habían tramitado los permisos administrativos correspondientes, y acusan en el escrito al anterior pedáneo de haber actuado con una cierta pasividad en sus formas, por lo que apareció una plataforma que se planteó la posibilidad de presentar una moción de censura y preparar una candidatura para las elecciones municipales del año 2003. Una vez realizados los comicios, la población eligió a la actual Junta Vecinal de Viloria de la Jurisdicción, que, a la hora de la entrega de las cuentas y de la documentación a través del Ayuntamiento de Onzonilla, se encontró con que (siempre según su versión) a pesar de que se había ejecutado la transferencia del importe correspondiente a la cesión de la parcela que utilizaba la empresa a la que se alquilaron los terrenos para su uso industrial, no había dinero en las arcas de la comunidad, por lo que el actual presidente interpuso ante el juzgado de instrucción número 2 de León una querella bajo el presunto delito de malversación de caudales públicos. La nota refiere también que se dictó un auto de imputación el pasado día 14 de enero del 2005, practicándose una prueba pericial judicial en la que la nueva junta entiende que no se justifica debidamente un importe de 43.240 euros. El escrito concluye señalando que el procedimiento abreviado que se había realizado en un principio, ha pasado a ser un procedimiento de jurado popular, por el importe peritado, que se juzgará por el sistema de jurado popular en la Audiencia Provincial de la capital, siempre de acuerdo a la versión de los hechos que ha facilitado la nueva junta vecinal de la población.