La Comisión Electoral de Caja España zanja la polémica y no acudirá a la Junta El resultado no altera el equilibrio de fuerzas

La Comisión Electoral de Caja España decidió ayer no enviar a la Junta de Castilla y León un informe exhaustivo sobre las irregularidades constatadas el pasado sábado durante la elección de los representantes a la asamblea general por el grupo de los impositores, a pesar de que los representantes socialistas en este órgano de control así lo habían solicitado. También la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, indicó ayer por la mañana que para actuar la Junta necesita pruebas de que ha existido una compra de votos «que ha perturbado el resultado de las elecciones»; si bien reconoció que es muy difícil probar que la entrega de dinero por parte de la candidatura de Pedro Conde se ha traducido en un mayor número de consejeros, puesto que el voto es secreto y dentro de los colegios electorales había «garantías suficientes». Con esta decisión, la Comisión Electoral evita a la Junta entrar en la polémica, ya que Del Olmo advirtió que no puede actuar hasta que no sepa algo en firme; y que lo único que puede hacer es proponer a los órganos de control la expulsión de ese consejero de la entidad. También recordó la consejera que «es posible que el pago de cien euros por voto no sea punible», aunque advirtió al resto de las candidaturas que cabe la posibilidad de la impugnación. Sin responsabilidad penal El informe jurídico que ayer conoció la Comisión Electoral coincide con esta indicación de la Junta, ya que señala que desde el punto de vista de la responsabilidad penal este órgano de control no puede actuar contra quienes alardearon de la compra de votos. La justificación del informe se basa en que la caja es una entidad privada, por lo que resulta muy difícil extrapolar de la normativa pública las imputaciones penales. Aún así, la Comisión Electoral sí trasladó la voluntad de pedir al nuevo consejo de administración, una vez que se constituya, la declaración de los miembros de la candidatura de Conde como no hábiles moralmente para pertener a los órganos de gobierno de Caja España, una decisión que deberá ser ratificada posteriormente en la asamblea. Por su parte el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, evitó ayer pronunciarse sobre la polémica y expresó su «respeto» por el funcionamiento «objetivo y profesional» de las entidades. La candidatura de consenso liderada por Santos Llamas no alcanzó el sábado los resultados esperados, mientras la lista de Pedro Conde fue la segunda más votada: al final obtuvo diez consejeros generales. Sin embargo, a la espera de la actuación de la Comisión Electoral y de la Junta, el resto de las candidaturas no parecen partidarias de impugnar el proceso y prolongar una campaña electoral marcada por un cruce de acusaciones que ha perjudicado seriamente la imagen de Caja España. Pero también se recela de las impugnaciones por un hecho constatable: la candidatura de Llamas cuenta, incluso con estos resultados, con el apoyo mayoritario de fuerzas con representación en la asamblea general y en el consejo para sacar adelante el proyecto comprometido y lograr la presidencia. De la lista empresarial forman parte también PSOE, PP, UPL, UGT y CC.OO., y todas estas fuerzas cuentan con apoyos suficientes en los distintos grupos con representación en la caja como para no depender de otros pactos (alrededor del 80% de los consejeros) . Aún así, esta lista mayoritaria lleva a cabo contactos con la que forman Asaja y Csica (sindicato del cual se escindió Conde), que no pactará con el protagonista del escándalo, según confirmó ayer el presidente provincial de Asaja, José Antonio Turrado, quien además confía en que la candidatura de consenso no «aplique el rodillo» de la mayoría. Parece imposible un acuerdo entre las cuatro listas con menos votos para consensuar un candidato común. El plazo para presentar las impugnaciones es de tres días a partir de la publicación oficial de los resultados electorales.