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León

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Independientemente de las actuaciones que se lleven a cabo desde fuera de Caja España, la entidad financiera cuenta también con mecanismos y órganos de control que le permiten decidir qué tipo de conductas son aceptables y cuáles son reprobables. Incluso, tiene la capacidad de decidir la expulsión de alguno de los consejeros cuando sus actitudes sean lesivas para la propia entidad de ahorro. La expulsión de los consejeros generales puede producirse por acuerdo de la asamblea general, que, si no se producen novedades que alteren el calendario electoral, deberá reunirse el próximo día 15 de julio para constituirse con los nuevos consejeros surgidos de la renovación de los asamblearios en representación de los impositores, empleados, entidades de interés general y entidades fundadoras. La asamblea deberá aprobar o rechazar las distintas propuestas que se presenten para elegir a los representantes que pasarán a formar parte del consejo de administración; que finalmente será el encargado de proclamar al presidente de la caja. La propia consejera de Hacienda recordó ayer, al ser preguntada por la polémica de la compra de votos en Caja España, que tanto la Ley de Cajas como los reglamentos de las entidades autonómicas contemplan medidas punitivas contra las acciones que perjudiquen a las instituciones. Entre estas medidas destacó que existe la posibilidad de la revocación del cargo de consejero para quien haya realizado actuaciones irregulares, como en opinión de Pilar del Olmo pueden ser las que se están denunciando en las elecciones de la entidad con sede en León. La consejera concluyó, insistiendo en que está a la espera de la información que le transmita la Comisión de Control, que «será la asamblea de Caja España la que decidirá en su caso si Pedro Conde puede ser o no consejero de la entidad financiera».

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