La ley se adaptará a supuestos «hasta ahora impensables»
El mundo jurídico rehúsa entrar en la polémica de si la compra de votos entra dentro de la legalidad, y espera que se pronuncien los servicios jurídicos de la caja o la administración autonómica
Tal y como está el patio, nadie oculta su sorpresa por lo ocurrido el pasado sábado en las elecciones de Caja España, pero ningún representante del mundo jurídico quiere hacer pública su opinión sobre la legalidad, ilegalidad o alegalidad de la compra de votos. Mientras los servicios jurídicos de las distintas candidaturas y los órganos de gobierno de la entidad financiera escrutan en reglamentos y normativas para establecer la irregularidad de los hechos protagonizados por Pedro Conde, la propia consejera de Hacienda dejó claro ayer que, al margen de las actuaciones que se lleven a cabo, la compra de votos no se había recogido en la Ley de Cajas de Ahorro porque era una circunstancia «hasta ahora impensable». Hasta ahora, porque a la vista de quien quiso comprobarlo, con ostentación y documentación escrita de por medio, el polémico candidato alardeó de comprar voluntades no sólo sin disimulo, sino con el cinismo de matizar que los cien dichosos euros eran una «compensación» por los esfuerzos. Este tipo de prácticas no están recogidas explícitamente en la Ley de Cajas, «dado que ningún texto normativo de estas características lo hace», porque no entraba dentro de lo razonable que se produjeran. Así lo explicó ayer Pilar del Olmo, que sí recogió el guante de afrontar, sin embargo, la reclamada reforma. ¿Cuántos casos más «hasta ahora impensables» habrá que recoger? Habrá que contar también con los mecanismos de control de los que disponen las propias entidades.