Igualdad y auto-organización

La reforma de la LOU, que todavía no cuenta con una memoria económica, contempla la creación de la Conferencia General de Política Universitaria -en la que estará representada la Administración central y las comunidades autónomas- y del Consejo de Universidades, integrado por los rectores y un reducido número de miembros nombrado por el Gobierno. La reforma también crea el estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los Estudiantes Universitarios, como vía para garantizar su participación en el sistema universitario. La nueva ley también exigirá igualdad entre los dos sexos en los órganos de gobierno. Sobre la contratación del profesorado, la reforma permite un nuevo sistema de acreditación, en sustitución de la habilitación previsto actualmente. El nuevo sistema valora el currículum individual de los aspirantes, sin competir por un número cerrado de acreditaciones. Las universidades podrán seleccionar, entre los mejores profesores, los que más se ajusten a su perfil académico. En esencia, el espíritu que impregna la reforma persigue potenciar la auto-organización de las universidades, disminuyendo sustancialmente la excesiva regulación actual tanto en aspectos de gestión como de desarrollo interno. En esta línea, se permitirá a los profesores funcionarios solicitar una excedencia temporal de un máximo de cinco años para incorporarse a una empresa de base tecnológica.