La investigación de la Junta sobre las elecciones de Caja España, a punto de concluir
La Junta de Castilla y León aún no ha concluido la investigación abierta hace dos semanas en torno al proceso electoral celebrado en Caja España, aunque, una vez analizada toda la documentación, los trabajos podrían concluir en cuestión de horas. Así lo explicó ayer la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, Maria Jesús Ruiz, quien señaló que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, había informado en el Consejo de Gobierno sobre el estado del expediente informativo abierto en relación a una supuesta compra de votos que habría podido producirse por parte de una de las candidaturas. Según explicó, la Junta se encuentra a la espera de que se le remita la totalidad de la información requerida antes de tomar una decisión al respecto. En cuanto a la constitución de la asamblea de Caja España prevista para este mismo sábado, Ruiz subrayó que la Junta aplicará la decisión que adopte incluso una vez que este órgano se haya constituido. «Si no podemos fijar una posición antes del sábado, lo haremos después», aseguró la portavoz. La investigación de la Junta de Castilla y León se inició el pasado 29 de julio ante la «alarma social» que se había generado en torno al proceso electoral celebrado en Caja España. Según explicó la propia Ruiz en aquel momento, el objetivo era el de conocer con todo tipo de pruebas y documentación lo ocurrido en las elecciones de esta entidad financiera. Mañana, la asamblea Los miembros de la candidatura de Conde, que obtuvo diez de los 51 representantes en la asamblea general, ofrecieron sobres con cien euros a aquellos impositores que les votaron, un hecho que según el informe jurídico realizado por Caja España no puede denunciarse como ilegal, pero que desató un aluvión de críticas. Al margen de la decisión de la Consejería de Hacienda, la candidatura de consenso había anunciado su intención de solicitar al consejo de administración que salga de la renovación de mañana sábado la convocatoria de una asamblea general extraordinaria, con el objetivo de revocar los cargos de los diez consejeros generales de la candidatura de Conde. Esta actuación se ampara en uno de los artículos de los estatutos, que recoge que cualquier consejero de la entidad que cause un daño a la imagen de la caja puede ser expulsado de la asamblea por decisión de la misma.