PSOE y UPL, con De Francisco como edil de Limpieza, avalaron el compromiso frente al PP
Un juez declara nulo el contrato de la basura del equipo de gobierno anterior
El acuerdo prorrogó la relación con la adjudicataria por un presupuesto de 102,7 millones en 7 años
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de León ha estimado el recurso interpuesto por Mario Amilivia y el grupo de concejales del PP, en febrero del año 2004, en el que se solicitaba la nulidad del Estudio de reordenación y reestructuración de los servicios de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y recogida selectiva, amparado en la «disconformidad con el ordenamiento jurídico, así como la modificación del contrato de gestión formalizado con la empresa Urbaser S. A.»; al tiempo que incide en que no cuenta «con el necesario e imperativo informe del Consejo Consultivo de Castilla y León». El fallo resuelve la confrontación nacida en la época del anterior equipo de gobierno, formado por PSOE y UPL, en la que el PP decidió oponerse al acuerdo en el que se prorrogó el contrato de basuras por un periodo de siete años, a cambio de que la empresa adjudicataria afrontara la remodelación del servicio para poder adaptarse a las exigencias marcadas para la recogida selectiva, en vísperas de que echara a andar el CTR de San Román de la Vega y «sin tiempo para convocar una nueva licitación». Pese a los argumentos esgrimidos para que el Ayuntamiento afrontara la modificación -que suponía el cambio de presupuesto de 1,2 millones de euros a 14,6 millones de euros cada año, lo que configuraba una factura total de 102,7 millones de euros-, los populares defendieron la necesidad de que se solicitase el informe del Consejo Consultivo de la comunidad, ante cuya ausencia oficializaron su voto en contra y el recurso que ahora ha sido atendido por la justicia. El acuerdo conocido como ius variandi contó con la defensa del entonces concejal delegado de Limpieza, José María Rodríguez de Francisco, que ahora se sienta a la derecha del autor del recurso y que en enero del 2004 sustentaba el gobierno de Francisco Fernández; con quien formó dúo para sustentar la necesidad de prorrogar el contrato «por interés general», pese a la existencia de dos informes internos, uno favorable y otro contrario, que había sobre la mesa.