Amilivia pasa el contrato de la basura a los servicios jurídicos que lo avalaron Entre la escopeta y los pájaros

El fallo del juzgado número 2 de León espera en el despacho de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la capital leonesa con el remite del alcalde, Mario Amilivia, impulsor de un recurso en el que su entonces grupo de concejales populares de la oposición puso todo su empeño y que, dos años y medio después, ha sido estimado por la justicia. En espera de que la empresa adjudicataria ejecute su opción de apelar, el primer edil ya ha anunciado que sus movimientos se guiarán por los cauces que se abran después de que hable con los servicios jurídicos, que serán quienes digan «qué pasos se pueden dar». Por este camino, Amilivia no descarta «ni la vía administrativa ni la penal», aunque incide en dirigir su objetivo único hacia Francisco Fernández, alcalde en el Pleno del 12 de enero del 2004, en el que se aprobó la prórroga del contrato de la basura por un periodo de siete años -en vez de los tres que figuraban en el acuerdo primigenio- y un presupuesto de 102, 2 millones de euros, a cambio de que la sociedad afrontara los cambios necesarios para adaptarse a las exigencias de la recogida selectiva, que comenzaba en el mes de marzo de ese mismo año. «Le voy a felicitar por su vicepresidencia en la Caja, pero le pediré que dimita, porque la política es otra cosa», afirma el regidor popular. Mientras, en las filas socialistas se afianzan en la validez del acuerdo por criterios de «interés general», ante «la imposibilidad de hacer una convocatoria pública en el poco tiempo que había antes del arranque del CTR», no sin agarrarse a que «quien figura como representante en el contrato es Rodríguez de Francisco», ahora teniente de alcalde de Amilivia. La paradoja que envuelve la prórroga del contrato de la basura, donde el servicio jurídico que lo avaló ahora debe decidir si lleva más adelante sus consecuencias negativas, se encuadra en un escenario en el que los protagonistas no han variado en exceso, pero sus papeles sí que se han trastocado. En enero del 2004, época del acuerdo que ha sido declarado nulo por el juez, el socialista Francisco Fernández gobernaba el consistorio apoyado en Rodríguez de Francisco: primer teniente de alcalde, concejal de Limpieza y «un voto entre 15», según reconoce. En esa tesitura, el vicesecretario en labores de titular -que fue relegado poco después y volvió a primera fila con la entrada del PP- emitió un informe en el que señalaba las deficiencias del acuerdo, ante un foro con discrepancias, pero que terminó por votar a favor; excepto en el caso del PP, que después buscó el mismo socio del PSOE, se sentó en la Alcaldía y ahora agita el fantasma de la presunta prevaricación Suena la música. ¿Quién toca? ¿Quién baila?