Canarias exige al resto de España «responsabilidad» y «no solidaridad»
El presidente canario, Adán Martín, aseguró ayer que la inmigración es un problema de todos, «de los españoles y de los europeos, y por eso no pedimos solidaridad, sino que cada uno cumpla con sus responsabilidades» y ha pedido que «de forma obligatoria los menores que hoy acogemos en Canarias sean repartidos entre las distintas comunidades autónomas». Martín realizaba estas declaraciones al término de la reunión de su gabinete de crisis, en la que se analizaron los últimos acontecimientos relacionados con el flujo de inmigrantes ilegales. «La actual política de derivación de inmigrantes -aseguró- se debe mantener repartiéndolos entre todas las comunidades porque está funcionando bien. Lo que entristece es que pongan en cuestión los acuerdos de reparto y lo que demuestra es que no han entendido nada, porque entran por la frontera española y europea, y por tanto afecta a todo el territorio». También pidió la creación de un mando coordinador, un comisionado especial o un ministerio en políticas de inmigración «con los que podría corregir la dispersión de competencias en la Administración» y que dedique «el cien por cien del tiempo» a buscar soluciones y afrontar un problema de esta magnitud. El presidente canario exigió a Madrid una política conjunta de Estado en inmigración, y que ahora está dispersa en los ministerios de Interior, Exteriores, Defensa, Asuntos Sociales, Fomento e incluso Hacienda, que tiene medios marítimos a disposición de la Agencia Tributaria que no se están aportando en la lucha contra la inmigración. Sin propuestas formales Martín desveló que en la última conversación mantenida el comisario europeo Franco Frattini le manifestó que el Estado español todavía no le había hecho una propuesta formal sobre los problemas de la situación de los menores extranjeros e insistió en que este tipo de actuaciones son responsabilidad del Estado, que es quien tiene que llevar al Consejo Europeo y las diferentes instancias comunitarias la acción política y la demanda ante la inmigración. Por su parte, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, María Luisa Zamora, explicó que los menores inmigrantes acogidos -que ya superan a los locales- son 627, sin contar 17 que permanecen en comisaría, a pesar de que el cupo asignado a la comunidad autónoma es de 250. Cada menor cuesta a las arcas públicas 30.000 euros anuales. La consejera explicó que la convención de los derechos del niño de la ONU obliga a los Estados a cuidar de los menores, y por tanto no pide solidaridad, sino que el Gobierno obligue a que las comunidades autónomas acojan cupos de menores, porque los recursos en Canarias están desbordados y la integración así es imposible. Implicar a Europa El presidente del gobierno canario desmintió a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que había asegurado que el Gobierno no tiene competencias respecto a los menores inmigrantes. Además reclamó también que se reactive al grupo de Extranjería de la Policía Nacional para tratar de localizar a los familiares de los menores y así poder repatriarlos, puesto que lleva más de dos años sin abrir ningún expediente pese a que los chicos telefonean a sus casas continuamente. Martín subrayó que es el Gobierno el único que puede implicar en este asunto a la Unión Europea, y subrayó que la integración de menores franco o anglohablantes sería más fácil por cuestiones de idioma en otros países. El presidente del Ejecutivo también hizo referencia a los acuerdos alcanzados por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su reciente visita a Senegal, y dijo que se ha llegado a «destiempo y con escasos medios» y expresó su preocupación porque se den por alcanzados importantes logros «cuando todavía tenemos que ver los barcos y los medios en las riberas de esos países y que esas medidas están dando resultado».