En la provincia, más de 6.200 personas reciben atención en centros o mediante teleasistencia
La Junta estima que León cuenta ya con una población de 14.800 dependientes
La administración autonómica pide que el Estado aporte más dinero para sufragar la prestación
La Junta calcula que la atención a los 16.945 grandes dependientes -que deberá comenzar a aplicarse el próximo año según la Ley de Dependencia- tendrá un coste de 270 millones de euros, si bien advierte de que la memoria económica de esta norma aprobada por el Gobierno central, sólo se contempla una aportación pública de 66,8 millones de euros, a los que habría que añadir otros 33,4 que aportarían los usuarios del sistema. La provincia leonesa cuenta con 14.869 personas dependientes, según las estimaciones de la Junta. 6.292 de ellas reciben algún tipo de atención. Así figura en un informe elaborado por el gerente de Servicios Sociales, Antonio María Sáez Aguado, en torno a la financiación del Sistema Nacional de Dependencia, al que ha tenido acceso la agencia Ical, que concluye no sólo que las partidas previstas por el Ministerio de Trabajo «son insuficientes» para la prestación de los servicios que contempla el proyecto, sino que, de aplicarse, «pondría en riesgo la evolución de otros componentes del gasto en servicios sociales: en capacidad no atendida por el sistema; en protección a la infancia y en otros programas sociales». Según este estudio, el desembolso necesario para la atención a este colectivo se acerca a los 270 millones de euros, un importe que se obtiene de multiplicar las 16.945 personas susceptibles de este derecho por los 13.500 euros anuales que cuesta el mantenimiento de una plaza en una residencia pública o las cuatro horas diarias de asistencia a domicilio, al precio actual de 14 euros la hora, que es el parámetro que calcula el Gobierno para los grandes dependientes. Sin embargo, según el gerente de Servicios Sociales, la financiación pública prevista en la memoria económica de la ley para el próximo año sería de 66,8 millones de euros, repartidos al 50 por ciento entre el Ministerio de Trabajo y la Junta de Castilla y León, a los que habría que añadir otros 33 millones que aportarían los propios interesados a través del denominado copago. Con estos 66,8 millones, la aportación por cada uno de los 16.945 grandes dependientes sería de 3.942 euros anuales, lo que supondría 0,8 horas diarias de atención domiciliaria. Sáez Aguado explica que, de acuerdo con esta memoria, la aportación del Gobierno central en toda España en los próximos años será la siguiente: 2007, 400 millones; 278 millones, en 2008; 300 millones, en 2009; 180 millones, en 2010; 385 millones, en 2011; 128 millones, en 2012; 202 millones, en 2013; 235 millones, en 2014, y 101 millones, en 2015. El coeficiente de participación de Castilla y León en el fondo de dependencia es del 8,3 por ciento, por lo que a la Junta le correspondería aportar 33 millones de euros en 2007; 23 millones en 2008 y 25 millones, en 2009.