Cruz Roja deberá indemnizar con casi un millón de euros a 22 sanitarios leoneses

Cruz Roja Española se enfrenta a una indemnización de casi un millón de euros como consecuencia de una sentencia judicial por la que se declara improcedente el despido de 22 trabajadores que formaban parte de la plantilla del antiguo hospital de la organización, ubicado en la esquina de Mariano Andrés con Álvaro López Núñez, derribado en 1998 para construir una residencia de la tercera edad en la capital leonesa. La sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, se verá refrendada en las próximas horas con la resolución final en torno al recurso de casación presentado por la organización no gubernamental, que hasta ahora, según las fuentes judiciales consultadas, siempre ha visto rechazados sus recursos. Los hechos en cuestión datan de 1998. «Teníamos unas pérdidas de casi 20 millones de pesetas al año, la situación era insostenible. Nos enviaban enfermos de larga duración o casi terminales, y los costes eran terribles» reconoció ayer Anselmo Castaño, presidente de la Asamblea de León. «Pero que quede claro que nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. Valladolid (por la asamblea de Castilla y León) decidió ceder esos terrenos a la Junta de Castilla y León, a condición de que se construyera una residencia de la tercera edad, y aunque nos siguen enviando toda la documentación a León, incluso el abogado que lleva el tema es de Valladolid». Nulo de pleno derecho A resultas de la decisión de derribar el inmueble, 22 personas perdieron su puesto de trabajo. 14 de ellas aceptaron las condiciones de la rescisión de contrato, pero 8 demandaron a la organización ante el Tribunal Superior de Justicia, que consideró el despido improcedente. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso presentado por Cruz Roja y también consideró nulo de pleno derecho el despido de los trabajadores. Ahora, la readmisión que exige la sentencia, no es posible. Se ha ofrecido a los empleados un traslado a poblaciones como Irún, Córdoba, Bilbao, San Sebastián, Gijón o Córdoba. Se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por la que la empresa, debe indemnizar a los despedidos. Las cuantías fijadas fluctúan entre los 15.000 euros de la menor y los 30.000 euros de las mayores.