Los sindicatos se declaran favorables a la ley antitabaco aprobada por el Gobierno

Los sindicatos UGT y CC.OO. se declaran favorables a la ley estatal, más restrictiva que la que presenta la Junta de Castilla y Léon, pero matizan que se ha de llegar a un estado de información que aclare a los hosteleros cuales son las adaptaciones que tienen que llevar a cabo en sus locales. Por su parte, los empresarios del sector rechazan cualquier tipo de disputa y solicitan que se les informe adecuadamente sobre las modificaciones que deben realizar, si bien matizan que lo que más les beneficiaría sería la aplicación de la ley autonómica. De otro lado, las asociaciones de empresarios -Fele, Cel y Asociación Provincial de Hostelería y Turismo- reconocen que prefieren la normativa que dispone el Ejecutivo Autonómico, ya que es la que más «sentido común posee en orden a aunar criterios entre clientes y hosteleros». Contagio a otras comunidades La polémica de la ley antitabaco, que debería estar ya en vigor con todas las consecuencias, no se queda sólo en tierras de la comunidad de Castilla y León, hay que recordar que Valencia abrió la veda en lo que a disensión contra la ley se refiere. En La Comunidad Valenciana se probó el decreto en mayo, con el consiguiente requerimiento del Ministerio de Sanidad para que se cambiara. Ante la negativa de los valencianos el Gobierno interpuso en recurso contencioso administrativo que todavía ha de resolverse. En este sentido, otras comunidades, como la riojana y la madrileña (ambas con gobierno del PP, lo mismo que la valenciana), también introducen enmiendas y correcciones sobre la ley estatal que consiguen flexibilizar el texto y matizar las «lagunas» de forma favorable a los hosteleros. El caso contrario sucede por ejemplo en Asturias, donde el decreto, lejos de ser más permisivo, hace más dura la ley del Gobierno. Los hosteleros, ante esta circunstancia, barajan un paro patronal como protesta, según confirmaron desde el sindicato UGT. Desde el Ministerio de Sanidad se expone que una ley de rango superior no puede ser «corregida o matizad» por una ley de rango inferior, como los decretos de las autonomías. Desde la Junta niegan la mayor y se remiten a las competencias que el la ley básica les otorga para desarrollar la normativa de acuerdo a los criterios base, pero con sus matices.