Cinco artículos del decreto de la Junta vulneran la ley antitabaco estatal

El decreto de la Junta de Castilla y León por el que se desarrolla la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo vulneran a la norma del Gobierno en cinco artículos. Así se pone de manifiesto en el requerimiento que el Ministerio de Sanidad ha hecho llegar esta misma semana al Ejecutivo autonómico, con el objetivo de que éste modifique su decreto antitabaco. En concreto, el requerimiento se basa en cinco fundamentos de derecho en virtud de los cuales los artículos 2, 3, 5, 6 y 7 del decreto de la Junta entrarían en contradicción con la ley estatal. El primero de estos fundamentos se refiere al régimen de los establecimientos hosteleros que comparten inmueble con otros centros de trabajo -artículo 2 de Decreto-, mientras que el segundo hace alusión a los establecimientos en los que se desarrollan dos o más actividades -artículo 3 del Decreto-. Sin embargo, son los artículos 5, 6 y 7 del decreto autonómico los que más claramente entran en contradicción con la Ley anti-tabaco. El artículo cinco hace referencia al cálculo de la superficie útil de los establecimientos hosteleros. Para la Junta de Castilla y León sólo se considera útil aquella superficie realmente destinada al público, mientras que el Ministerio de Sanidad computa almacenes, estancias interiores, etc. Otro de los fundamentos en los que se basa el Ministerio alude al artículo seis del decreto, que regula la compartimentación de las zonas habilitadas para fumadores. Mientras el Gobierno establece que ésta debería ser física, la Junta opta por otros medios, como son los sistemas de ventilación. Por último, el requerimiento estatal no comparte el contenido del artículo siete del decreto anti-tabaco de Castilla y León, en el que se sobreentiende que en las celebraciones privadas que se desarrollan en establecimientos de hostelería, la decisión final sobre si se puede fumar o no recae en los propios clientes. La Junta insiste en no cambiar A pesar de todas estas advertencias, la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, Maria Jesús Ruiz, aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico no va a modificar su decreto anti-tabaco ya que, en su opinión, «es totalmente acorde a la ley y no hay nada que modificar». A pesar de ello, Ruiz afirmó que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando el requerimiento. «Salvo que, jurídicamente, se nos diga que hay que hacer alguna rectificación, la Junta no va a hacer mucho más de lo que ya ha hecho», explicó la portavoz, quien no descartó que el Ministerio de Sanidad pudiera recurrir a la vía contencioso-administrativa. En cuanto a uno de los principales puntos de la discordia, el relativo al modo de medir la superficie de uso público, Ruiz señaló que es un ejemplo más de que la ley está llena de lagunas. «Lo que el Gobierno debería haber hecho es regular en su ley cómo deberían haberse hecho las mediciones», afirmó Ruiz, para quien lo que ha hecho la Junta es aclarar las cosas al objeto de que los propios hosteleros sepan a qué atenerse. Por su parte, el procurador socialista José María Crespo, quien en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para la semana que viene, presentará una pregunta sobre esta polémica, criticó ayer duramente la postura del Ejecutivo autonómico al entender que se trata de otra muestra de la «oposición institucional que viene realizando la Junta en los últimos años». En este sentido, Crespo señaló que «la Junta se ha olvidado de la defensa de un principio tan básico como es la salud para entrar en una serie de matizaciones que contradicen una ley básica aprobada por el Parlamento español», obligando a su vez al Ministerio a realizar una serie de advertencias para que rectifique.