Nueve meses de polémica con protestas

Desde que la Junta cerró el periodo de alegaciones del anteproyecto de la Ley de Montes y las pedanías de León fueron conociendo -a principios de año- la trascendencia de este documento en la futura gestión de los montes de utilidad de la provincia, la polémica fue reavivándose con los meses con sucesivas reclamaciones y protestas. Los presidentes de las entidades locales menores afectadas -más de 700 juntas vecinales con control sobre 956 montes de estas características- criticaron a la institución autónoma por no propiciar que las pedanías conocieran a tiempo este anteproyecto para poder formular alegaciones. De hecho, de las 95 presentadas en todo el ámbito de la comunidad, únicamente dos fueron las instituciones leonesas que llegaron a enviarlas: el Ayuntamiento de Luyego y la pedanía de Tabuyo del Monte. También la Diputación remitió a Valladolid una serie de consideraciones muy críticas sobre el anteproyecto. Las protestas continuas de las juntas vecinales, apoyadas en esta batalla por socialistas y leonesistas, obligaron a la institución autónoma a convocar a los pedáneos a finales de mayo a reuniones informativas celebradas en León y Ponferrada. Además, la convocotaria por parte del PSOE de una protesta masiva con sus pedáneos en el Pleno de la Diputación días antes obligaba a la Junta a tratar de acallar esta concentración, que finalmente no pudo evitar. Antes de las vacaciones de agosto, los socialistas constituyeron una plataforma de juntas vecinales gobernadas por esta formación, aunque abierta a la adhesión de otras, con representación de las montañas oriental y central, el Bierzo, Laciana, la Cabrera y el sur de la provincia. Su primera misión fue la puesta en marcha de una intensa campaña de firmas contra este anteproyecto.