El Ejecutivo de Castilla y León critica al Gobierno por «desatender» los envíos a la provincia
La Junta traslada a León el 25% de los inmigrantes que recibe la comunidad
Hasta el día de hoy, el Gobierno autonómico desplazó a la provincia casi 150 subsaharianos
León ha recibido casi 150 inmigrantes ilegales procedentes de África de los 620 que recepcionó la comunidad en lo que va de año. De este modo se confirma una tónica repetida desde el 1 de enero. El director general de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa de la Junta, y responsable de la gestión de recepción de inmigrantes a la comunidad, Félix Colsa, explicó ayer al Diario de León que a su entender el Gobierno está tratando de un modo «irresponsable» la gestión de los traslados de inmigrantes a León. «Castilla y León lleva asumidos este año unos 620 inmigrantes irregulares que estamos atendiendo con fondos propios de la comunidad. La crítica va dirigida a que no haya un reparto equitativo entre todas la comunidades autónomas, ya que las que más soportan la llegada de inmigrantes ilegales a la península enviados por el Gobierno socialista son las comunidades gobernadas por el PP. La comunidad autónoma Vasca hasta el momento no ha recibido ningún inmigrante ilegal, detalle que remití al secretario de Estado de inmigración sin haber recibido respuesta», explicó Félix Colsa, quien precisó: «Nunca se saben los que va a llegar a ninguna provincia, el sistema es que el Gobierno comunica vía fax con dos días de antelación, o a veces incluso el mismo día, los inmigrantes que envían a nuestra comunidad, pero en un momento dado pueden recalar en Burgos o en León, para en otro momento recalar en Zamora o Salamanca». Además, el director general apeló a una «lealtad ambivalente» para describir cómo debería ser, a su juicio, la relación entre Gobierno y comunidades en torno a la inmigración. Colsa criticó «la falta de lealtad y la carencia de organización del PSOE» en relación a la gestión provincial del envío de inmigrantes. Por otra parte Colsa puso como ejemplo de la falta de coordinación la petición de datos tramitada a la subdelegación del Gobierno en León para conocer la nacionalidad de los reclusos alojados en la provincia, «datos que todavía no hemos recibido», asevera Colsa.