Diario de León

El suelo, sin uso desde hace once años, se reservó por 380.000 euros y hoy valdría 67 millones

Nava gana su primera pugna judicial contra la empresa del abortado híper

El juez no permite a la empresa inscribir en el registro las 20 hectáreas que bloquea desde 1995

JESÚS

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Pilar Infiesta - navatejera
León

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La junta vecinal de Navatejera ha ganado su primera batalla judicial contra la multinacional francesa GRC Mind, que obtuvo la adjudicación provisional de casi 20 hectáreas frente al campus universitario de Vegazana en 1995, por los que adelantó 380.000 euros de los 4,8 millones que costaban los terrenos. La adjudicación definitiva del suelo estaba ligada al desarrollo de una gran superficie comercial, que generaría cuatrocientos empleos. Sin embargo, la Consejería de Comercio y Turismo denegó la licencia en 1997 y cerró hace año y medio toda posibilidad de construir un gran centro comercial en Villaobispo. De ahí, que la pedanía intentara negociar una solución con GRC Mind para recuperar los terrenos, que se han convertido en un bombón urbanístico de 67 millones de euros y que permanecen bloqueados desde hace once años. Ante la falta de acuerdo, la junta vecinal decidió anular el concurso de adjudicación el 26 de septiembre del 2005 y la multinacional recurrió a los tribunales para impedir que se haga efectiva su pérdida de las 20 hectáreas. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León no ha entrado a resolver el fondo del asunto, que puede dilatarse durante años en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero sí ha dado un espaldarazo a Navatejera, al negar a la compañía las tres medidas cautelares que solicitaba. Así, GRC Mind no logra la suspensión del acuerdo de hace un año de la junta vecinal que proponía resolver el concurso de adjudicación y devolver a la empresa las cantidades que aportó a cuenta por la reserva de los terrenos (más los intereses). Disponer de las fincas Tampoco consigue que el juez autorice, de forma cautelar, la prohibición a la pedanía de disponer de las fincas ni que la multinacional pueda anotar de forma preventivas las veinte hectáreas en el registro de la propiedad.

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