La Diputación firmará el traspaso del Conservatorio a principios de año

A primeros de año, la Diputación rubricará con la Junta el traspaso del Conservatorio Provincial de Música, que el próximo curso será gestionado en exclusiva por la institución autónoma. Se trata del primer centro del Palacio de los Guzmanes que será transferido en un proceso que se extenderá hasta el 2011 e incluirá a otras dependencias provinciales, como Cosamai y el colegio Sagrado Corazón . En estos dos últimos casos, sin embargo, pasarán a formar parte de la red autonómica, aunque la Diputación seguirá pagando el mantenimiento. En un tercer caso -Nuestra Señora del Valle y la residencia de ancianos Santa Luisa-, la gestión quedará en manos de la institución provincial y la Junta ayudará financieramente. Por lo que se refiere al Conservatorio Provincial de Música, su traspaso supondrá para las arcas provinciales un ahorro de alrededor de 1,8 millones de euros al año. En estos momentos, según confirmó ayer el presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, negocian con la Junta que la situación del personal del centro, una vez transferido, sea igual que la de los de la institución autónoma. Además, el Palacio de los Guzmanes pretende también estabilizar la situación de los siete interinos para que configuren la plantilla global (43 trabajadores) que asumirá la Junta. La Diputación lleva años intentando que la institución autónoma asuma el conservatorio, aunque debió esperar al marco del Pacto Local para conocer las condiciones y el calendario previstos desde Valladolid. En cuanto al edificio que alberga el Conservatorio Provincial de Música, situado en la calle Santa Nonia, la institución provincial venderá el inmueble a la Junta o se lo cambiará por otro, ya que las transferencias supondrán también el traspaso de la propiedad. Será la comisión que valora este proceso la que cuantifique el coste del edificio del conservatorio. El PGOU de la ciudad cataloga este inmueble como de uso cultural. La Diputación recibirá 20 millones de euros hasta el año 2011 -fecha en la que expira la vigencia del Pacto Local- para financiar competencias ajenas. La gestión de estas áreas impropias supone cada año a las arcas provinciales algo más de 18 millones de euros, según reflejan los presupuestos.