La reforma de la renta castiga a 1.500 leoneses que crían a sus hijos en soledad

La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Irpf) consolida la discriminación hacia las personas que crían a sus hijos e hijas en soledad y que en un 80% son familias monomarentales, con una mujer de cabeza de familia. Más de 300.000 familias en España y unas 1.500 en León son penalizadas con el actual modelo de declaración de la renta, que instauró el Partido Popular en 1999. Pero además su situación empeorará con la reforma fiscal que se encuentra en su última fase de tramitación parlamentaria y que auspicia el Gobierno socialista. Así lo denunció ayer en León la profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Paloma de Villota, en las jornadas que organiza la Federación de Asociaciones de Madres Solteras y la asociación leonesa Isadora Duncan. El artículo 84 de la nueva ley del impuesto de la renta establece una diferencia de 1.250 euros a favor de las familias biparentales en la deducción, de manera que éstas reducirán en 3.400 euros anuales su base imponible mientras que las que cuentan con un sólo progenitor sólo reducirán 2.150 euros anuales. Las familias monoparentales pagarán un 23% y un 10 más que las biparentales para rentas de 21.000 y 30.000 euros respectivamente, lo que supone un incremento de la penalización actual que hace que estas familias paguen al fisco un 14% y un 8% más que las familias con padre y madre, de acuerdo con el estudio elaborado por Paloma de Villota y el experto Ignacio Ferrari. El sistema fiscal, señalaron, consagra «la familia tradicional» y obliga «a pagar más tributos a las familias que realizan más trabajo de cuidado porque en una familia monoparental una sola persona tiene que cuidar y estar en el mercado de trabajo y no puede compartir las tareas de cuidado con otra persona». En su opinión, «es una aberración que no tiene ninguna justificación» que la nueva ley perpetúe la discriminación hacia las familias que crían a sus hijos e hijas en soledad. «Es una penalización fiscal por razón de un tipo de familia que afecta a las familias monoparentales en general, pero que son monomarentales en su mayoría desde el punto de vista sociológico», matizó. A la experta le ha sorprendido que un Gobierno que impulsa una ley de la dependencia y que ha avanzado en los derechos civiles no tenga en cuenta en la reforma tributaria a las familias monomarentales. «Por el contrario, las políticas públicas deberían apoyar e incluso beneficiar a estas familias. Si fuera al revés lo entendería más», subrayó. La solución a este problema, añadió la experta, pasa por adoptar el modelo nórdico declaración individual de carácter obligatorio que «evita distorsiones por razón del estado civil y del tipo de familia», pues «las personas pagan como contribuyentes por razón de su capacidad económica, no por razón de la familia». En estos sistemas, agregó, «la política social se hace con el gasto público, y son susceptibles de derechos no las familias como grupo sino las personas», de manera que se destinan específicamente al cuidado de niños y niñas o de personas mayores al margen del estado civil.