UPL llevará ante el fiscal la adjudicación del complejo deportivo de San Isidro

Los leonesistas están dispuestos a llegar hasta la Fiscalía con el proceso de adjudicación del polideportivo de San Isidro. Así lo anunció ayer el diputado Lázaro García Bayón, quien aseguró que esta institución judicial debe ser la encargada de investigar todos los entresijos del expediente para determinar si los intereses de la Diputación han sido dañados y analizar si existen o no delitos imputables por esta adjudicación. Este anuncio fue matizado, sin embargo, por el portavoz de la UPL en el Palacio de los Guzmanes, Luis Herrero Rubinat, que antes de acudir al fiscal consideró que su grupo debe reclamar al equipo de gobierno una comisión especial que aporte toda la información sobre el proceso y aclare las dudas. «Urge que el PP aclare estos asuntos y explique los dos expedientes. Si no reúne inmediatamente esta comisión o las explicaciones no nos convencen, toda esta documentación llegará a la justicia». También Herrero Rubinat exigió al presidente de la Diputación responsabilidades políticas y el cese del diputado que preside la Mesa de Contratación y el área de Hacienda, Cipriano Elías Martínez, «de lo contrario el asunto le acabará salpicando». Denunció de nuevo que la Diputación pierde con esta adjudicación -a la empresa gallega San José por casi 2,8 millones de euros- 700.000 euros de las mejoras incluidas a mayores por Acis, firma a la que la UPL considera que debería habérsele concedido. Un proceso enredado García Bayón repasó el largo proceso de estos expedientes desde que el 7 de octubre del 2005 es redactado el pliego de condiciones, en abril se realiza la licitación y la reunión de la mesa de contratación en junio. Este órgano comprueba que la oferta de San José no cumple con la normativa del plan regional de San Isidro, ni incluye las labores de urbanización que exige el pliego. «Ya en ese momento a pesar de que Acis cuenta con más ventajas recibe menos puntuación y a la vista de la situación la mesa pide más informes a técnicos que concluyen que ninguna de las ofertas cumple el plan regional». La Junta de Gobierno decide a finales de junio dejar desierto el concurso y acuerda una nueva licitación, según Bayón. «La segunda adjudicación fue dirigida totalmente hacia San José, que presenta en el edificio cubiertas que están prohibidas para la zona». En este sentido, afirmó que «la Diputación no está siendo celosa con los intereses de los ciudadanos, beneficiando descaradamente a una empresa foránea, deben depurarse responsabilidades en un asunto donde la legalidad se ha pasado por debajo del sobaco». En la misma línea se expresó Rubinat, quien manifestó que el tema «desprende hedor».