Lamelas plantea una UTE local para afrontar la descontaminación de suelos

Más de un millar de empresas leonesas, concretamente 1.252 según los cálculos de la Junta, deberán realizar antes del mes de febrero un informe técnico de situación para determinar si la actividad que realizan contamina los suelos en los que se instalan. El decreto que entrará en vigor el próximo 7 de febrero establece que las empresas consideradas potencialmente contaminantes tendrán que controlar sus vertidos y sustancias peligrosas, y afrontar la descontaminación de los suelos en el caso de que sea necesario. Alrededor de 150 empresarios acudieron ayer a la jornada informativa que la Junta organiza a través de la Cámara de Comercio, para conocer cuáles son los trámites a realizar antes de que entre en vigor definitivamente el decreto. El presidente de la Cámara, Manuel Lamelas Vitoria, aseguró durante la jornada que los empresarios tienen claro que el cuidado medioambiental es una de sus responsabilidades, pero se lamentó también de que las medidas impuestas ahora por la Junta supongan un sobrecoste imprevisto para los negocios locales. Ventanilla de asesoramiento Para ayudar a las empresas, la institución tiene previsto poner en marcha una ventanilla de asesoramiento, así como poner en contacto a los empresarios con las empresas homologadas para llevar a cabo los procesos de descontaminación. «Seremos especialmente vigilantes con los precios, que consideramos desorbitados, incluso estamos planteando la posibilidad de crear una unión temporal de empresas locales para que realicen las descontaminaciones». El presidente de la institución empresarial abogó también porque se regulen ayudas que contribuyan a que las empresas no sufran en exceso las consecuencias de estas nuevas inversiones. «El coste para los negocios afectados será muy variable, desde el cambio de suelo de cemento que puede suponer para un negocio de reparación de vehículos, por ejemplo, hasta industrias que tendrán que remover y cambiar suelos a varios metros de profundidad. Trataremos de ayudar en lo posible a afrontar estos gastos», explicó Lamelas, quien destacó que la preocupación medioambiental «hace años era algo impensable y ahora es una asignatura que tenemos que cumplir; no estamos en contra, pero desde luego medidas como esta suponen un coste añadido con el que los empresarios no habían contado en principio». La Consejería de Medio Ambiente ha puesto también a disposición de las empresas afectadas un equipo de técnicos y expertos con el objetivo de ayudarlas a realizar los trámites para cumplir la normativa a tiempo.