La larga tramitación no permite aprobar la Ley de Montes antes de las elecciones

De acuerdo a los plazos contemplados en la tramitación ordinaria de cualquier ley en las Cortes de Fuensaldaña y, teniendo en cuenta las vacaciones parlamentarias de enero y que en los meses de abril y mayo no será debatida ninguna normativa importante para evitar la confrontación electoral, la Ley de Montes no podrá ser aprobada antes de los comicios municipales y autonómicos. Precisamente, el PSOE y la UPL y la Plataforma de Juntas Vecinales habían reclamado a la Junta que esta normativa fuera refrendada antes de las elecciones. La decisión de la Junta de abrir un nuevo periodo de debate sobre esta ley, tras la polémica abierta por el anteproyecto entre las pedanías que gestionan montes de utilidad pública, requerirá ahora de un tiempo para que la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente analice estas propuestas y aclaraciones. El 9 de octubre fueron entregadas en la Delegación de la Junta casi 11.300 firmas, 415 escritos de particulares y 89 de juntas vecinales y ayuntamientos exigiendo la retirada del anteproyecto y reclamando la negociación de uno nuevo. Fuentes de la Junta explican que aquellas propuestas que sean consideradas como adecuadas serán incorporadas a las enmiendas del PP al proyecto de ley ya en el periodo parlamentario. Antes de que llegue a Fuensaldaña deberá aprobarlo el Consejo de Gobierno de la Junta, una vez que sea remitido por la Consejería de Medio Ambiente, que a su vez debe enviarlo con las modificaciones que incluya al Consejo Consultivo para su dictamen y luego hacer las correcciones oportunas. Ya en las Cortes, la Mesa califica el proyecto y publica un periodo de enmiendas, que suele ser de un mes. Después deben de debatirse en ponencia, comisión y pleno y finalmente ser aprobado por este último órgano y publicada en el Bocyl. Toda esta larga tramitación se encontrará con el mes de vacaciones parlamentarias en enero y con la práctica inactividad de las Cortes durante abril y mayo por la inminencia de los comicios. Antes de que acabe el 2006 sólo quedan dos plenos ordinarios (el 21 y 22 de noviembre y 13 y 14 de diciembre). La tramitación ordinaria de una ley supone tres meses, una vez aprobado el proyecto en el Consejo de Gobierno, con lo que será imposible que esta normativa salga adelante antes de las elecciones.