Los agentes forestales valoran que la nueva ley les reconozca como policía judicial El juez recibe un nuevo informe del sistema de señalización de Villada
La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma) celebra este fin de semana su asamblea anual en el Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam) de Valsaín (Segovia). Durante la reunión se ha valorado la modificación de la Ley de Montes aprobada este año y que reconoce a los agentes forestales como policía judicial. El presidente de la asociación, José Fernando Almansa, reconoció que «se ha logrado una de las reivindicaciones del colectivo desde el año 1989, y tras unos meses de aplicación de la normativa, parece que estamos más respaldados en lo que se refiere a delitos medioambientales». José Fernando Almansa señaló que el código penal ya incluye como delitos medioambientales, además de los incendios forestales, otros actos de tipo urbanístico y contaminante, así como atentados contra especies protegidas de la flora y fauna española. «Cada vez más los ciudadanos se dan cuenta de que los delitos forestales adquieren más importancia, y la ciudadanía reclama que se castigue con más firmeza a los delincuentes forestales», apuntó. En la actualidad, en España existen unos 5.000 agentes forestales en activo. La normativa establece que cada agente forestal tenga a su cargo 5.000 hectáreas de superficie, aunque en la mayoría de las comunidades no se cumple, según afirmó Almansa. También añadió que actualmente se ha diversificado tanto su campo de actuación «que se empiezan a valorar otros criterios de, como la presión demográfica sobre el territorio, lo que conllevaría un mayor número de agentes en zonas de más concentración de población». El Juzgado número 3 de Palencia, que instruye las diligencias por el accidente ferroviario de Villada, ocurrido el 21 de agosto pasado y en el que murieron siete personas, ha recibido de la Guardia Civil el informe ampliatorio que pidió para cotejar el sistema de señalización y cómo funcionó ese día. Fuentes policiales informaron ayer de que, al parecer la autoridad judicial recibió este informe el miércoles, aunque los detalles generales del mismo no han sido desvelados. El juez pidió esta nueva investigación al equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, investigación que tenía que estar además ultimada y entregada en el Juzgado antes del próximo martes, fecha en la que deberá comparecer ante su presencia el maquinista del convoy. El primer informe de la Guardia Civil señalaba que supuestamente el conductor del tren sí realizó el reconocimiento del aviso de cambio de agujas, pero posteriormente no redujo la marcha a los 30 kilómetros por hora como indica el protocolo, aminorando con posterioridad bruscamente de los 150 kilómetros/hora a los que circulaba a 120, sin tiempo para adoptar la velocidad adecuada. El conductor sostuvo en su declaración ante la Guardia Civil que actuó correctamente y que nadie le advirtió del cambio de vías, por lo que se rigió en todo momento por las señales que él tenía. Ante esta situación, el Ministerio de Fomento dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos datos que permitieran aclarar esas contradicciones, así como analizar otros factores que pudieran aportar más información al respecto.