El Procurador del Común insta a una regulación de las guarderías privadas

El Procurador del Común de Castilla y León ha requerido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, a que, ante la conveniencia de articular una política integral de protección a la infancia, proceda, previos trámites oportunos, a la elaboración y aprobación de una regulación específica de las condiciones y régimen de autorización y funcionamiento de las guarderías infantiles privadas, que sirva de mecanismo de intervención administrativa sobre todos aquellos centros que estén desarrollando o vayan a desarrollar este tipo de actividad y que no cuenten con la calificación de guardería infantil laboral ni estén integrados en el sistema educativo. El objetivo es asegurar unos requisitos mínimos de calidad y de respeto absoluto de los derechos del niño, y que dicha regulación sea aplicable también para todas las guarderías infantiles existentes en Castilla y León. El Procurador del Común considera que el progresivo aumento de establecimientos destinados a guarderías infantiles que no están sometidas a régimen jurídico alguno, ni por tanto, a control alguno, que se viene produciendo en esta comunidad autónoma derivado del incremento de la demanda social, no se ha visto correspondido con una normativa específica que regule los requisitos mínimos.