Uscal denuncia que un 40% de sanitarios queda excluido de la carrera profesional

El sindicato Uscal denunció ayer la exclusión de la carrera profesional, que entrará en vigor a efectos retributivos el día 1, de más de un 40% del personal sanitario de León. Fuera de este proyecto de desarrollo profesional quedarán, explicaron, el 30% de trabajadores temporales del Sacyl, y más de cinco mil médicos y enfermeros funcionarios y laborales a los que se obliga «mediante el chantaje» a renunciar a sus derechos con una estatutarización «ilegítima» según distintas sentencias. En esta situación se encuentran, subrayaron, más de 450 médicos de Primaria y Especializada de las áreas de salud de León y El Bierzo y 212 enfermeros. La central sindical se ha marcado como reto el logro de una carrera profesional para los más de 87.000 funcionarios de la administración autonómica y anuncia la presentación de acciones legales contra cualquier exclusión. La carrera supone un incremento retributivo de 3.000 euros anuales a los facultativos que tengan más de siete años de servicios en la sanidad pública y establece cuatro grados (abonados con otros 3.000 euros por grados) en función de la antigüedad y la formación de cada profesional. Uscal anunció ayer su rechazo a este desarrollo profesional por « no permitir el acceso a funcionarios y laborales, por excluir al personal temporal y por no ser lo suficiente ambicioso y excluir al resto del personal sanitario no adscrito directamente al Sacyl», cerca de otros 2.000 trabajadores públicos. De momento, el sindicato ha recurrido ya las directrices dictadas por la Gerencia para la puesta en marcha de la carrera y ayer anunció el recurso a la normativa que, prevén, debe dictarse de forma inminente pues entra en vigor el día 1 de enero a efectos retributivos según el acuerdo de Sacyl con otros sindicatos. Chantaje en la estatutarización Antonio Rascón, Manuel Martínez y Laura López Grajal denunciaron asimismo la inseguridad jurídica a la que han de enfrentarse los trabajadores obligados a la estatutarización cuando existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (recurrida al Supremo por Sacyl) que considera una «temeridad» el proceso por el gasto y la indefensión del personal que genera. Esta estatutarización, según Rascón, obliga al personal a una «pérdida de derechos y ventajas sociales adquiridos» como la jubilación a los 60 años o la invalidez con el 100% del salario.