El Ayuntamiento asumirá el personal discontinuo del matadero tras su venta

El Pleno escoba del año 2006 se encontró en su transcurso con el expediente de enajenación condicionada de los bienes e instalaciones del matadero municipal. Arrastrada desde el anterior ejercicio, en donde dejó un hueco visible en el capítulo de ingresos, la iniciativa vislumbra el horizonte de venta, casi dentro del 2007 y con el vencimiento del mandato marcado para el próximo 27 de mayo. Con el tiempo muy justo, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas, donde el PSOE se abstuvo, efectuada ayer, abre el procedimiento de adjudicación por concurso, y da pie a un calendario de desarrollo en el que el inicio de entrada de ofertas quedará para el mes de febrero, con 30 días naturales por delante para que los aspirantes muestren su documentación. Las propuestas de las empresas que pretendan hacerse con la explotación del matadero deberán sujetarse a dos parámetros fundamentales: una oferta económica que esté por encima de los 5,2 millones de euros, fijados como tipo base de licitación, y la obligación del mantenimiento del servicio durante un periodo de ocho años como mínimo. Queda descartado que la sociedad que resulte adjudicataria tenga que asumir a la plantilla actual, que supone cerca del 60% del presupuesto total de la instalación, casi 1,5 millones de euros cada año. Estos trabajadores se repartirán entre el resto de servicios de la administración municipal, según quedó asentado ayer por parte del edil de Personal, Rafael Pérez Cubero, quien confirmó que los beneficiados por la recolocación no serán sólo los contratados en régimen fijo, sino que los 15 discontinuos «no van a tener problema y pueden estar tranquilos», dado que ya están en marcha «conversaciones con los sindicatos». La incógnita sobre el futuro de este grupo laboral fue planteada por el edil socialista Ramón Carrera, después de que su compañero Ibán García del Blanco hubiera mostrado su disconformidad con que Rodríguez de Francisco forme parte de la mesa de contratación del matadero, dado que «rompe el pacto antitransfuguismo», por lo que avanzó que si sigue adelante el proceso su grupo acudirá a la justicia.