Un plan envuelto en la polémica

Carbunión lo tiene claro: «El Gobierno cambia su criterio a la hora de liquidar las ayudas del último Plan del Carbón con el único objetivo de reducir la cuantía de las mismas». Estos cambios de criterio, según Carbunión son los siguientes: Se reducen ayudas si no se cumplen las previsiones de producción de cada una de las minas de una empresa y, también, aunque se cumplan, si no se suministran en su totalidad a las centrales térmicas. No se reconoce la fuerza mayor en casos como el de no recogida de carbones por las empresas eléctricas. Se reducen las ayudas, aunque se suministre el 100%, si una parte de los suministros se produjeron en el 2004. En definitiva, no se han valorado las causas de fuerza mayor antes de iniciar los expedientes como previene la legislación, y se han utilizado arbitrariamente los conceptos de producción y suministros con el único fin de reducir las ayudas. Se modifica respecto al resto de los años del plan el procedimiento de cálculo de la cuantía de las ayudas al funcionamiento, sustituyendo el criterio de reducir las del año previo en un 4%, por un nuevo sistema de cálculo de la diferencia entre ingresos por ventas y coste de la producción por el coste de las ventas; se restringe la retribución de los servicios de capital, las deducciones del coste por ingresos accesorios y el procedimiento de contabilización de subvenciones anteriores. Esta disparidad de criterios entre los aplicados a las liquidaciones auditadas de las empresas, con respecto a los nuevos utilizados por el instituto, afectaría no solamente al año 2005, si no que podría dar lugar a reducciones de ayudas de todos los años del plan anterior, que podrían situar al sector en situación de quiebra. El resultado efectivo es que los gastos reales en que han incurrido las empresas no se reconocen «a posteriori» como subvencionables, pero lo cierto es que el gasto se ha realizado, por lo que la devolución de ayudas es imposible. Por último, siempre según Carbunión, se cambian los orígenes de los carbones admitidos como válidos durante los años previos del plan, modificando la proporción entre cielo abierto y subterráneo existente durante todo el plan, lo que origina incumplimiento de suministros por unidades de producción, aunque se hayan cumplido los suministros totales, y reducción de ayudas por empresas.