Los profesores de León rechazan el borrador del sistema de oposiciones

La Ley Orgánica de Educación, aprobada por el Gobierno en abril del 2006, empieza a adquirir forma con la aprobación de los primeros reales decretos que desarrollan la norma. Los sindicatos de la enseñanza de León se han mostrado críticos ante varias de las propuestas que ha presentado el Ministerio de Educación que, entre otras cosas, plantea un nuevo sistema de entrada a la función pública docente, con el que se pretende reducir el número de interinos en los centros públicos. El borrador, que ha derivado el Gobierno a las comunidades autónomas, contempla cambios sustanciales en relación a la prueba que tienen que realizar los opositores y aumenta, en la fase concursal, la valoración de los conocimientos específicos de la especialidad, así como la aptitud pedagógica y las técnicas para el ejercicio docente. Además, en este texto, que ya ha pasado por el órgano consultivo del Consejo Escolar del Estado, que dio su visto bueno con los votos en contra de CC.OO. y Ste, se define la prueba que tendrán que realizar, si al final se acepta el documento tal como está redactado, las personas que hayan acabado la carrera o los interinos que quieran optar a una plaza fija en cualquiera de los centros públicos de la comunidad. Este examen estará estructurado en dos partes y no tendrá carácter eliminatorio, algo que sí ha sucedido en las convocatorias anteriores. Otra de las novedades que se recoge en este planteamiento, y que más críticas ha levantado, es la que concede a la Junta de Castilla y León, en este caso, la facultad de redactar un informe que sustituya la preparación y exposición de una unidad didáctica -la del ejercicio B1-. Este documento, que sólo se puede presentar a instancias del interesado, valorará la competencia sobre el trabajo realizado por el profesional. En este punto, el encargado de educación dentro del sindicato de UGT, Jesús López, se ha mostrado escéptico ante los cambios que planean sobre la futura reforma, ya que, considera, esta evaluación, que en principio tendría que realizar la Junta, no está definida en la propuesta ministerial, por lo que solicita una reunión urgente con la Administración autonómica para formalizar las características del documento sustitorio, «porque hay miles de personas que necesitan saber cómo van a ser los exámenes de acceso», argumenta el responsable sindical. En la misma línea se ha manifestado su homólogo en el Sindicato de Enseñanza de León -Stele-, Carlos Cadenas, que amenaza con recurrir el Real Decreto si al final se le dota de vigencia. «El informe vulneraría el sistema de acceso que se tiene que regir por los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que no puede ser equivalente a una prueba, ya que es subjetivo», explicó Cadenas, quien exige, por otro lado, la redacción de otro borrador en el que se diferencie la prueba de acceso para los interinos con la de los recién licenciados. Desde este sindicato, que es el que tiene un mayor respaldo en la provincia, se denuncia que todavía no se han acordado los temarios y que, continúa diciendo, no se sabe cómo se van a valorar las distintas etapas de la prueba. Por su parte, el sindicato independiente Anpe, a través de su presidenta en Castilla y León, Pilar Gredilla, también se ha posicionado en contra del artículo que propone la sustitución de un examen por una valoración realizada por las instituciones. Aunque son muchas las críticas, el portavoz de CSIF en la provincia, Javier Ampudia, ya ha anunciado que su organización va a apoyar en la mesa sectorial el decreto de acceso a la función pública docente. La decisión de incorporar este informe a la prueba es de las comunidades autónomas, por lo que se puede dar el caso de que unas lo implanten y otras no.