La Junta promete polígonos ganaderos para sacar las cuadras de los pueblos

A cinco mil ganaderos leoneses les quedan cinco meses por delante para adecuar la situación de las explotaciones que regentan a la ley de cuadras en cascos urbanos, que aprobó en la primavera del 2005 la Junta de Castilla y León. Ante las dificultades que se observan para que los propietarios de rebaños actualicen la regularización de las granjas conforme a la normativa de la Junta, ese gobierno autonómico anuncia medidas complementarias para contribuir a acelerar la regularización de las cuadras que, desde hace varias décadas, están asentadas dentro de los recintos urbanos de los pueblos. El consejero de Agricultura, José Valín, hizo publica ayer la intención de la consejería de promover la creación de polígonos ganaderos en la provincia de León para sacar las cuadras fuera de los pueblos. En la provincia leonesa se han llevado a cabo experiencias similares de concentración de explotaciones ganaderas en un suelo recalificado para esta función en diversas localidades de la montaña (Prioro, Vegacerneja o Acebedo). Según la Junta, deben ser los ayuntamientos de los municipios afectados los que pongan el suelo a disposición de la administración autonómica para que ejecute la actuación; una vez realizada la infraestructura, será las entidades locales las encargadas de asumir la gestión del polígono. Los ganaderos leoneses tratan de sortear los inconvenientes ambientales a los que les enfrenta la ley de explotaciones en cascos urbanos. En la ribera del Esla se promueve la puesta en marcha de un centro de recría comunal con el que los propietarios tratan de rebajar el nivel de UGM en las explotaciones que deben regularizar. El ánimo de los productores de ganado en León parece distanciado del propósito del Gobierno de la Junta en el objetivo de que todas las explotaciones hayan pasado por ventanilla antes del plazo fijado (mayo). El año 2006 acabó con sólo 150 expedientes tramitados, sobre cinco mil posibles; y otros cientos atascados en fases burocráticas que, según denuncias las asociaciones de ganaderos leoneses, acaban por desanimar a los interesados, que en varios casos deciden abandonar el proceso de regularización ante las trabas que hallan para legalizar actividades que llevan realizando toda la vida. El coste del proceso, las medidas correctoras y las obras complementarias para satisfacer el texto de la norma hace en resto. Se calcula que la ley de cuadras obliga a los ganaderos a invertir hasta 8.000 euros para adecuar el estado de las explotaciones a las normas ambientales que marca la ley. Aunque los inversiones medias ronden entre los 4.000 y los 5.000 euros, los afectados cuestionan la efectividad de la operación por tratarse de un coste elevado a cambio de una permiso legal para mantener la explotación abierta por un plazo máximo de 15 años. La Junta podría acometer una nueva campaña para agilizar el proceso.