Diario de León

| Crónica | Una situación singular |

De acusado a letrado auxiliar

El fiscal presenta una protesta formal tras permitirse al imputado sentarse junto a sus abogados, para asesorarles técnicamente en la fase crucial del interrogatorio a uno de los principales peritos

Victorino Alonso, sentado junto a los letrados que le asisten

Victorino Alonso, sentado junto a los letrados que le asisten

León

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El fiscal presentó al término de la sesión de la tarde una protesta formal, para quejarse por la decisión de la Sala de permitir al imputado sentarse junto a sus letrados, con el objeto de asesorarles técnicamente en el interrogatorio a uno de los peritos fundamentales del caso. Victorino Alonso ostenta la titulación de ingeniero de minas, y el cuestionario iba dirigido a determinar los parámetros técnicos por los que se regía el especialista que elaboró el informe en el que se basa la acusación, para establecer que, según la facturación de explosivos presentada por la empresa en los años investigados, la producción de carbón debió ser ostensiblemente mayor que la declarada ante Hacienda. El esfuerzo de la defensa en este apartado se basó en demostrar que, en 1.000 hectáreas de terreno, hay zonas blandas y otras duras, y que no en todas requieren la misma cantidad de explosivos. Los peritos negaron esta hipótesis: «Es pura geometría». No obstante, reconocieron que, si los datos iniciales fueran erróneos, el informe que se facilitó al fiscal, también lo sería. El asunto es el punto central del caso, pero no el único que se debate. Según las pruebas periciales de la acusación, una auditoría elaborada en 1993 refleja que la compañía practica fórmulas contables «que generan incertidumbre». Los márgenes habituales, en torno al 18%, bajan al 2% en 1994 y los costes de ese ejercicio suben un 18% cuando la producción fue similar a la de otros años. Como ejemplo, se citó el de una máquina concreta, vendida a otra empresa por 400.000 pesetas, y para cuya reparación se destinaron tres millones y medio de pesetas, según una factura posterior, cuando ya no era propiedad de la compañía. «El 25% del presupuesto de reparaciones, se dedicaba supuestamente a máquinas que ya no eran propiedad de la empresa», dijo el testigo. Otra hipotética irregularidad revelada por un perito sostiene que Transova debía a Patra 1.000 millones de pesetas. Siendo ambas propiedad de Victorino Alonso, la contabilidad de la primera refleja que la deuda era de sólo 300 millones de pesetas.

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