El Ministerio Público mantiene la petición de tres años de prisión y la multa de un millón de euros
El fiscal ve culpable a Victorino Alonso y la defensa se queja: «Nos persiguen»
El abogado del Estado reduce la pena a dos años y los letrados del empresario exigen su absolución
El imputado repasa sus notas antes de comenzar la sesión de la mañana
El Ministerio Fiscal se mantuvo en su petición de condena a tres años de prisión para el empresario minero Victorino Alonso y un apoderado de una de sus empresas, al término del juicio que se ha celebrado desde el pasado martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. La causa fue abierta a consecuencia de tres supuestos delitos contra la Hacienda pública, referentes a irregularidades detectadas en las declaraciones del IVA de 1993 y al Impuesto de Sociedades de 1993 y 1994, por los que también se propone una multa y una indemnización que rozan el millón de euros. La acusación particular, encarnada por el abogado del Estado que representa a la Agencia Tributaria, redujo la pena solicitada a dos años (entiende que uno de los cargos no está probado) y para la defensa, solamente procede la libre absolución, si bien los letrados del empresario minero invocaron a dos atenuantes ante la eventualidad de una posible sentencia condenatoria. Solicitaron que se considerase la existencia de confesión -no ha ocultado los datos que se le han pedido- y prescripción del presunto delito -data de hace 12 años-. El fiscal rechazó los dos asuntos. En su informe y tras elevar a definitivas las conclusiones, el Ministerio Público sostuvo que el acusado es culpable de los delitos que se le imputan «incluso recogiendo el más benévolo de los supuestos que se han presentado aquí estos días. Una empresa no puede dar pérdidas durante 16 años, ni contabilizar 150 millones de un ejercicio en la declaración del año siguiente, ni presentar facturas de reparaciones de maquinaria que ya ha vendido antes a otras compañías, aunque luego su dueño diga que es que su mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. ¿A quién quiere engañar Victorino, a él mismo, o a Hacienda?». Asunto administrativo La defensa argumentó la inocencia de los imputados: «No se puede meter en la cárcel a una persona que genera 7.500 puestos de trabajo, y que después de pagar 48 millones por el IVA, tiene un error fiscal de 126.000 euros. De momento, estas personas, ya han pagado una condena, la de sentarse en el banquillo, por un tema que nunca debió ir más allá de lo meramente administrativo, pero la sentencia absolutoria pondrá fin a esta persecución».
