La pizarra dicta la última palabra
El gabinete jurídico del imputado presenta a última hora datos de contabilidad aceptados por la acusación, con los que defiende que las pérdidas en ejercicios previos dejan sin efecto el presunto delito
El Ministerio Público presentó a media mañana de ayer un nuevo documento con liquidaciones diferentes a las de su escrito de calificaciones provisionales, ante la eventualidad de que la Audiencia Provincial de León pudiera aceptar una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), que en su día no apreció anomalías en la contabilidad de la empresa. Para el fiscal, en este último supuesto, se modificaría la cuantía de las multas, pero no la calificación del delito, y por tanto, la pena de prisión sería la misma, tres años. Pese a la protesta inicial por la decisión de la Sala de aceptar el documento, los juristas de Victorino Alonso elaboraron a su vez nuevos balances (1990 -1994) pero contemplando las modificaciones. Tras el receso para el almuerzo, se presentaron en el estrado con una pizarra, y dibujaron con números el nuevo escenario del pleito. «Incluso las nuevas cifras que han presentado puedo aceptarlas, porque aunque se reducen las cantidades, la cuantía de la cantidad defraudada sigue estando por encima de los 120.000 euros, con lo cual, se mantiene el delito, anunció el fiscal. La respuesta de la defensa, similar «Si el Ministerio Público utiliza datos del TEAR de 2004 sin comunicarlo previamente, nosotros también podremos compensar las cantidades supuestamente defraudadas con las pérdidas que se registraron en los ejercicios que van de 1987 a 1990. La ley permite hacerlo, y en ese caso, el delito habría desaparecido. Puede haber una multa administrativa, sí. Pero la pagamos, y nuestros clientes no van a la cárcel». La solución, en la sentencia.