Diario de León

El Seprona y Oso Pardo abortan una cacería en un monte osero del Sil Asaja respalda el trazado oeste de la A-60 entre Santas Martas y Valladolid

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Dos agentes del Seprona de Fabero y dos guardas de la Patrulla que la Fundación Oso Pardo tiene en el Alto Sil, en el transcurso de un servicio de vigilancia en terrenos del ayuntamiento de Palacios del Sil, sorprendieron a varios cazadores que estaban llevando a cabo una cacería no autorizada en un monte osero del Ayuntamiento de Palacios del Sil. Fue posible identificar a dos de los cazadores ilegales que resultaron ser vecinos del citado municipio y que portaban una docena de cartuchos de postas, que es munición no autorizada por los destrozos que causa en la fauna, que muchas veces queda mortalmente herida en el monte. Con esta, son ya 48 las denuncias interpuestas por la Patrulla Oso de la FOP del Alto Sil, habitualmente en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil, que han afectado a un total de 113 cazadores ilegales. La Patrulla de la FOP del Alto Sil opera en el marco de un convenio de colaboración conjunto con la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Las tareas de las patrullas de la Fundación van desde la vigilancia y el seguimiento de las poblaciones de osos, hasta el apoyo a programas de investigación relacionadas con el área del medio y actividades de educación ambiental. La organización agraria Asaja se sumó ayer a la petición de la plataforma de ayuntamientos que van a exigir al ministerio de Fomento el trazado oeste en la futura autovía León a Valladolid en el tramo comprendido entre Santas Martas y Mayorga (Valladolid). Asaja justifica su postura «desde un punto de vista estrictamente agrícola, ya que el trazado oeste atraviesa superficies de cultivo de secano mientras que un hipotético trazado este atravesaría las fincas de la zona regable de Payuelos, unas fincas que se han entregado hace un año a los propietarios después de haberse hecho una reconcentración parcelaria de la propiedad». El trazado este supondría un coste en expropiaciones cuatro veces mayor que el oeste, dividiría fincas recién concentradas y obligaría a modificar todos los proyectos de infraestructuras. Por eso se supone que contaría con una gran oposición de los propietarios de tierras, por cuya propiedad pasó en su día la A-230 Burgos, y ya cuentan con la ocupación de la alta tensión.

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