Los funcionarios perderán hasta 750 euros en dos años con el plan de la Junta

«La Junta de Castilla y León está robando a todos sus trabajadores casi veinte millones de euros al año; dinero que nos corresponde a todos. Debemos exigir que se nos abone». Así de tajantes se manifiestan desde Fete-UGT sobre el decreto -aprobado el 18 de enero- por el que se establecen las retribuciones de los empleados públicos para el año 2007. Esta denuncia, suscrita por todas las asociaciones presentes en la mesa de negociación de empleados públicos -CC.OO.,CSI-CSIF y Cemsatse- responde, según estas organizaciones, a que la Junta «se niega a aplicar lo que la Ley de Presupuestos Generales le obliga: a incrementar al menos en 1% la masa salarial al año para subir las pagas extraordinarias, de forma que éstas se equiparen en tres años -hasta diciembre del 2009- con el sueldo mensual», explica Jesús López, responsable provincial de enseñanza dentro de UGT y, también, presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario. «Esta Administración no quiere hablar de ese 1% y lo único que pretende es subir las pagas extraordinarias incluyendo para este primer año un 50% de determinados complementos específicos», matiza el responsable sindical, quien asegura que esta normativa sólo beneficia a los altos cargos: «Verán aumentadas sus pagas y por lo tanto su masa salarial en un 5%, pero un 95% de los trabajadores no alcanzarán ni el 0,5% de subida y algunos ni un 0,1%», sentencia. Del mismo modo, critica que esta normativa se haya resuelto a espaldas de los funcionarios y exige, al igual que sus homólogos en CC.OO. y CSIF, que se retire este decreto, que califican como «ilegal» porque contraviene el acuerdo que se alcanzó con el Gobierno central, «que es de obligado cumplimiento». La Junta tiene previsto incorporar esos suplementos en los próximos dos años -50% cada ejercicio-, mientras que el Gobierno realizará esa subida de manera trienal -33% cada año-, pero los representantes de los funcionarios leoneses se quejan de que este organismo público quiere «diseccionar» los complementos específicos, «pero no incorpora el de formación -que contempla los sexenios- para los docentes ni el de productividad para el personal sanitario», recalcan desde CSIF, a la vez que aseguran que «la Junta quiere ahorrarse dinero al quitar esos componentes». Según la tabla de remuneraciones, si no se recoge ese plus económico, los funcionarios perderán, al menos, 750 euros entre los años 2008 y 2009 -en función de su antigüedad-. Calendario de actuaciones Todas las organizaciones sindicales están de acuerdo en llevar ante los tribunales el Decreto de Retribuciones. Desde C.C.OO. ya han presentado el correspondiente recurso, mientras que UGT expuso ayer mismo a un abogado de su gabinete jurídico los puntos de esta legislación que más controversia han levantado. Sobre las movilizaciones, todas las agrupaciones han acordado un calendario de actuaciones que se prolongará hasta el mes de junio. En primer lugar, invitan a los empleados públicos a que realicen reclamaciones previas con carácter individual donde se exija la aplicación del concierto estatal; más tarde enviarán una carta a todos los secretarios generales y directores generales sobre lo que cobran y cobrarían. Además, el 5 de febrero se reunirán para redactar un manifiesto que será presentado en Valladolid dos días después. En este mismo mes, se sucederán varias asambleas informativas con los afectados de todas las provincias. En marzo, si la situación no mejora, está previsto que se realicen concentraciones ante la delegación de la Junta; y en el mes de abril, si todo sigue igual, se plantean realizar un paro cuya duración no ha sido detallada. «Si no atienden a razones estudiaremos asistir a los actos e inauguraciones que realicen los diferentes cargos de la administración», finalizan.