Los promotores piden subir los pisos protegidos un 20% para ser rentables De la teoría a la práctica

Adaptar el módulo básico de las viviendas de protección oficial a la realidad del sector y hacer la construcción de este tipo de pisos «mínimamente rentable y atractiva» para los promotores es la propuesta del sector inmobiliario leonés, que considera que el incremento de precios que registrarían los pisos no sería excesivamente gravoso para los compradores, y sin embargo dinamizaría la construcción de este tipo de inmuebles. Los constructores leoneses han planteado a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Vivienda la necesidad de que la capital sea considerada «municipio singular» en lo que a calificación de viviendas protegidas se refiere, lo que le permitiría equipararse a Valladolid, Burgos, Salamanca y Segovia en la comunidad. La Administración considera municipios singulares aquellos en los que la diferencia del precio del metro cuadrado de vivienda libre y la de vivienda protegida supera el 20%, lo que permite que en ellos los constructores puedan incrementar en ese 20% el precio de los pisos en régimen de protección. En el caso de León esta diferencia supera ligeramente el 10%, ya que actualmente el precio medio del metro cuadrado de los pisos protegidos se sitúa en 1.164 euros, frente a los aproximadamente 1.300 euros del metro cuadrado de vivienda libre. Según este parámetro, los promotores de vivienda protegida en la provincia sólo pueden aplicar al denominado módulo básico nacional (el que fija cada año el Ministerio de Vivienda) un índice corrector del 1,6, inferior al que se aplica en los municipios singulares y que supone en la práctica cobrar por cada vivienda un 20% menos que en el mismo tipo de protección de las cuatro capitales citadas. Para los constructores y promotores locales este porcentaje sería la diferencia entre hacer de la construcción de vivienda protegida un sector atractivo, o renunciar a afrontar este tipo de obras por falta de rentabilidad. «No se trata de buscar altas ganancias, pero está claro que al final la operación debe ofrecer un mínimo de rentabilidad. Y en los límites actuales, da más intereses colocar el dinero en algún producto financiero que acometer una obra de este tipo», explican fuentes del sector. Los constructores consideran que el diferencial establecido por el ministerio «está bien en la teoría, pero en la práctica construir vivienda protegida cuesta exactamente igual en Valladolid que en León, las licencias, financiación, suelo, costes, etc. son muy similares. Sin embargo, aquí se tiene que cobrar un 20% menos. Si encima vas sumando costes como el que supone ahora el código técnico de la edificación, al final la rentabilidad está excesivamente ajustada». En la práctica, la situación se materializa en la escasez de vivienda protegida, pese a que en la capital se están realizando promociones de la mano de la sociedad Viproelco, que tienen al 50% Caja España y la Agrupación Leonesa de Empresarios de la Construcción (Agelco). Todo ello al margen de las que impulsan las administraciones. «La cuestión es que el planeamiento urbanístico fija que de cada nuevo sector en construcción entre un 10 y un 20% del suelo se reserve a viviendas protegidas. Si este sector no reacciona, en la práctica ocurrirá como en otras ciudades, que el precio de ese porcentaje de suelo reservado se repercute en el resto de las viviendas y los pisos protegidos quedan sin hacer».