La dispersión geográfica cuesta a la Junta 897 euros más por cada ciudadano

La población escolar de Castilla y León es la más diseminada de todo el país. El índice de dispersión geográfica dobla incluso a la segunda autonomía con mayor deslocalización territorial de sus escolares, que es Castilla-La Mancha. Los centros sanitarios de atención primaria y especializada se encuentran en una situación similar. Ambos factores, clave en las futuras negociaciones sobre la financiación autonómica, suponen un coste adicional a la Junta de 897 euros anuales respecto al gasto sanitario y educativo medio en España. La cifra ha sido extraída de la hoja de ruta que utilizará la Consejería de Hacienda durante el proceso negociador. Se trata de una investigación realizada por un grupo de economistas de la Universidad de Valladolid, en donde se recogen los objetivos de Castilla y León dentro del nuevo modelo de financiación autonómica. Este trabajo completa otro estudio sobre las infraestructuras y falta una última entrega, ésta relativa al gasto que supone la atención de las personas dependientes. Pese al bajo nivel de renta Para argumentar la conclusión de que Castilla y León soporta un sobregasto en sus servicios públicos, básicamente por la dispersión del territorio, el informe resalta que la comunidad forma parte del grupo de autonomías que dedica mayores esfuerzos a educación -4.182 euros por alumno, sólo por debajo del País Vasco (4.511 euros)-, pese contar con un nivel de renta por debajo de la media española. La escasa población infantil impide la separación de alumnos de acuerdo a su edad y etapa educativa correspondiente en tres de cada diez centros, lo que la conveirte en la que más aulas mixtas tiene de todo el país (616). Del mismo modo, la dimensión de la red de centros públicos es menor a la del conjunto de España y cuenta con menos clases pro centro que la media en todos los niveles, excepto en Primaria y Bachillerato. Esta situación está provocada «por la dispersión de la población escolarizable», indica el estudio. «Buses» En el caso del transporte, Castilla y León es la cuarta comunidad española, tras Andalucía, Galicia y Canarias, con un mayor número de colegios con servicio de transporte. Y aunque en número de centros (199) sólo le supera Cataluña (370), Castilla y León supera a todos los demás territorios en localidades atendidas (935), aulas (2.261) y alumnos escolarizados (23.618). La investigación dirigida por los catedráticos de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid Olga Ogando Canabal y Jesús Carlos Cavero también analiza el gasto sanitario para establecer nuevos criterios en el reparto de la financiación autonómica. Al igual que en educación, la dispersión de la población atendida por Sacyl supone un sobrecoste de 75 euros frente a la media española. Es decir, en Castilla y León se invierten 1.029 euros, mientras que el gasto medio del país es de 954 euros. «Precisamente, una de las críticas que se efectúa al modelo actual de financiación en la literatura económica es que nunca han estado suficientemente justificadas las ponderaciones en el reparto de fondos: 75% población, 24,5% los mayores de 65 años y 0,05% la insularidad)». En la documentación que maneja la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, los criterios de reparto cambian. En materia de sanidad, la población pesa un 58% del gasto sanitario, los factores territoriales un 22,5% y un 19,5% las infraestructuras sanitarias. Cambios En materia de educación, la situación es más o menos parecida. Las necesidades de financiación en el modelo actual resultan de aplicar las siguientes ponderaciones: 94% población, 4,2% superficie, 1,2% dispersión y 0,6% insularidad. Según el estudio de la Universidad de Valladolid, la población escolar en los centros públicos justifica el 43,9% del gasto y el 40,2% en las necesidades complementarias (centros concertados, gastos en transporte y comedor). Las variables territoriales justifican el 15,9% del gasto total en educación. Los resultados de la investigación destacan «el excesivo peso» que se otorga a la variable población en el actual modelo financiero, en detrimento de otros criterios que beneficiarían a Castilla y León, caso de variables como el territorio, las infraestructuras sanitarias y prestaciones de servicios educativos ligados a la cantidad de alumnos, profesores y centros. El el plano político, la Consejería de Economía recalca que en ninguno de los procesos de elaboración de los sucesivos sistemas de financiación se realizaron estudios objetivos previos.