La Junta se personará en el caso contra la cantera de Mirantes por los daños

La Junta enviará hoy a sus inspectores a la cantera de Mirantes de Luna para comprobar si la empresa ha paralizado la explotación, una vez que la institución ya tiene constancia de que el empresario ha recibido la notificación de la resolución que le obliga a cesar cualquier tipo de extracción. Así lo anunció ayer el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, quien avanzó que de no estar paralizada la explotación, remitirá un oficio a la Sudelegación del Gobierno para «pedir el auxilio de la fuerza pública y parar la cantera». Fernández demostró ayer documentalmente las acciones desarrolladas por la Junta para paralizar esta explotación, frente a las denuncias socialistas que acusan a la institución de «connivencia y mirar para otro lado en este caso». Aseguró que la institución autonómica se personará en la vía judicial abierta en los Juzgados de León «para que se restituya el daño social y medioambiental cometido», tras la querella presentada por el fiscal especial para delitos de medio ambiente y urbanismo. «Iremos de la mano con el fiscal en este caso» subrayó Eduardo Fernández. Recordó que la última inspección del Servicio de Minas a la cantera se remonta al 13 de febrero, cuando detectan problemas de seguridad en aspectos como las máquinas, los camiones de transporte y los depósitos de gasóleo. Igualmente, apuntó que tampoco se cumple la normativa con los taludes, que tienen más de 30 grados de inclinación y la pista de acceso cuenta con más pendiente de la permitida. «En ese momento se dicta una segunda resolución para que paralicen los trabajos y se advierte que no pueden realizar labores en el frente de la explotación hasta que no cumplan la lay». Mecanismos administrativos Eduardo Fernández añadió para sustentar el papel de la Junta en este asunto otros antecedentes, como que el 10 de agosto la institución multa a la empresa de la cantera con 1.632 euros, por un camino que realiza de forma ilegal por el que se pone en marcha el mecanismo sancionador. El 26 de diciembre se inicia otro expediente sancionador que aún está en curso para exigir de nuevo que abandonen el camino. Paralelamente, el 27 de noviembre la Junta dicta la primera resolución que impone la paralización de la explotación y los trabajos en la zona no autorizada. «Todos estos trámites se han realizado antes de que el PSOE diera la voz de alarma». En este sentido, el delegado también precisó que que la institución colabora en la investigación del fiscal y le remite el 27 de enero la documentación que requiere de la Junta sobre este asunto. Respecto a la posible ampliación de la cantera de las tres a las siete hectáreas, dijo que ya el 10 de enero del 2006 se emitió un informe en contra del Servicio de Medio Ambiente y no se permitió esta petición de la empresa.