El PSOE denuncia que la explotación incumple once normativas en vigor

Los socialistas insisten en que la explotación de la cantera sobrepasa las tres hectáreas que tienen autorizadas y que la empresa solicitó a la Junta la ampliación, una vez que ya había invadido terreno del área para la que no tiene permiso. La procuradora Inmaculada Larrauri recordó ayer que cuando la cantera solicita reanudar su actividad en el 2001, la institución autonómica no aplicó la nueva lesgislación vigente en esos momentos. En este sentido, explicó que de acuerdo a la Ley de Minas de 1973 cualquier explotación que tenga paralizada su actividad durante seis meses se considerará caducada. «Por lo tanto deberían haberse empezado los trámites como si de una nueva cantera se tratara con la normativa de este instante». En aquel momento -precisó la procuradora- al frente de la Delegación Territorial de la Junta en León se encontraba Luis Aznar. Afirmó, además, que el 4 de abril del 2002 la institución autoriza el proyecto de explotación presentado «sin tener en cuenta la legislación vigente e incumpliendo leyes de la propia Junta como la de Espacios Naturales o sin reclamar ningún tipo de declaración de impacto ambiental». El sabinar centenario Larrauri aseguró que la cantera de Mirantes de Luna incumple hasta once normativas diferentes entre leyes, directivas, decretos y órdenes, como la Ley de Minas, la de Espacios Naturales de Castilla y León, la de Montes, la de Urbanismo, así como legislación de la Unión Europea. También la explotación se encuentra ubicada en zona Zepa (área de especial protección de áves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario). Respecto a la destrucción de árboles del sabinar, la procuradora reiteró que existen informes del Seprona y la Guardería Forestal que advierten de que de autorizarse la ampliación se verían afectados más de 170. «Nos consta que algunos ya han sido destruidos en la ampliación de los trabajos desarrollada por la empresa». Los socialistas apuntaron de nuevo que el caso de esta cantera supone «un exponente de la deplorable política medioambiental de la Junta, que contribuye a la degradación del territorio por su dejación e irresponsabilidad y, en algunos casos, con connivencia». Su denuncia ante el fiscal ha terminado en una querella y la apertura de diligencias judiciales.