Centro de trabajo, no de riesgo

Apostar por la prevención, mediante la aplicación de los delitos de riesgo (aquellos en los que el daño aún no se ha producido); uniformizar criterios para que casos semejantes tengan respuestas similares, e impulsar los procedimientos judiciales para que no «queden enmarañados en los juzgados». Son algunas de las señas de identidad que desde la Fiscalía General del Estado, y las fiscalías de las audiencias provinciales, concretan el «cambio de sensibilidad» que en los últimos tres años se ha producido respecto a las irregularidades en materia de seguridad y salud laboral, según explicó ayer la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León, Lourdes Rodríguez Rey, durante la jornada técnica Prevención de riesgos laborales y responsabilidad . Rodríguez Rey, al frente del Servicio de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía y coordinadora de fiscales de siniestralidad de Castilla y León, explicó las distintas figuras legales que se refieren a la materia de la seguridad laboral, así como la implicación de los empresarios y los técnicos de prevención. La jornada, organizada por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, fue inaugurada por el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, y coordinada por la jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de León, Asunción Martínez. También intervino el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León, Fernando Galindo; mientras que se estableció un debate sobre la responsabilidad en la salud laboral entre el jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral, Amador García, los secretarios provinciales de UGT y CC.OO., Arturo Fernández e Ignacio Fernández, el responsable de seguridad de la Fele, Carlos Benito Olalla y el de Fremap, José Luis Quintero. Eduardo Fernández destacó la peculiaridad de algunos sectores productivos de la provincia en lo que a riesgos laborales se refiere, y advirtió que «una sola muerte es un fracaso de todos». Por su parte la fiscal jefe recordó la recomendación del fiscal general del Estado en el sentido de que los centros de trabajo no se conviertan en centros de riesgo, y advirtió: «Las situaciones de peligro hunden sus raíces en el incumplimiento de las normas de seguridad, que están claramente recogidas en nuestra legislación». Por su parte Fernando Galindo repasó el papel de la Inspección de Trabajo en la prevención de delitos, desde los requerimientos a las empresas para que cumplan la normativa a los expedientes sancionadores; así como su capacidad de iniciar actuaciones o paralizar centros de trabajo en casos graves.